¿Qué significa ser apátrida? Los casos de reclutas del Estado Islámico ponen a prueba el derecho internacional

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Shamima Begum tenía 15 años cuando se radicalizó, abandonó su hogar en Londres, se marchó a Siria y se unió al Estado Islámico, luego de casarse con uno de sus combatientes.

A medida que el grupo perdía el control de los últimos territorios que le quedaban, Begum, de 19 años y embarazada, huyó a un campo de refugiados en el norte de Siria. Cuando conoció a un reportero británico, dejó una cosa clara: quería regresar a casa.

No obstante, el Ministerio del Interior del Reino Unido informó a su familia mediante una carta que planeaba retirarle la ciudadanía.

El gobierno británico afirma que actúa con el principal propósito de proteger al pueblo del Reino Unido. No obstante, el abogado de Begum comentó que la estrategia dejaría a la mujer sin patria. Hace poco, la joven dio a luz a un varón.

El dilema de qué hacer con los ciudadanos de países occidentales que se unieron al Estado Islámico cuando confiaban en su victoria antes de que este fuera casi totalmente desterrado de Siria ha dado lugar a un debate sobre la ciudadanía y el estatuto de los apátridas, que es la consecuencia de que a algunos de ellos se les retire la ciudadanía.

Begum no es la única que enfrenta este problema.

Estados Unidos pareció preparado para hacer lo mismo cuando, el 20 de febrero, el secretario de Estado Mike Pompeo emitió una declaración en la que afirmaba que Hoda Muthana, una joven estadounidense que abandonó la universidad en Alabama para unirse al Estado Islámico, “ya no era ciudadana estadounidense”. Muthana, dijo el secretario, no podía regresar a Estados Unidos.

Sin importar lo atractivo que parezca para los gobiernos que quieren enviar un mensaje poderoso a aquellos que le dan la espalda a su propio país, los expertos jurídicos advierten problemas a largo plazo si los miembros varados del Estado Islámico acaban siendo apátridas.

“Esto está dejando a la gente sin nacionalidad, sin protección, y destruye cualquier forma de cooperación internacional”, afirmó Clive Baldwin, asesor jurídico principal de Human Rights Watch.

¿Qué es la falta de ciudadanía y qué tan generalizada está?

La agencia de refugiados de las Naciones Unidas define a un apátrida como alguien sin una nacionalidad definida.

Algunas personas nacen apátridas debido a vacíos en las leyes sobre nacionalidad; de hecho, se quedan en las lagunas de la ley. Otros pierden la nacionalidad cuando surgen nuevas naciones o cambian las fronteras; a otros más les es revocada la nacionalidad que tienen.

Puede significar una vida condenada al limbo, comentó David Baluarte, experto en el estatuto de los apátridas y profesor de Derecho en la Universidad Washington y Lee.

“Continuamente viven en las sombras, muy seguramente perseguidos por funcionarios de inmigración o fuerzas de seguridad”, comentó. “Viven una realidad en la que están bajo la amenaza constante de ser detenidos por las autoridades migratorias o ser deportados a otro país”.

En el mundo hay aproximadamente diez millones de apátridas y la mayoría —más del 75 por ciento— forma parte de grupos minoritarios en los países donde reside.

Los rohinyás de Birmania, los nubianos de Kenia, los dominicanos de ascendencia haitiana y los bidunes de Arabia Saudita son solo algunas de las comunidades a las que se les niega la nacionalidad.

“Por desgracia, no es inusual que los gobiernos identifiquen a un grupo desfavorecido por su etnia, raza o religión y que luego redacten leyes de manera sistemática con el fin de despojar a ese grupo de sus derechos fundamentales”, explicó Baluarte.

La causa en contra del estatuto de los apátridas

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial —en parte, como respuesta a que la Alemania nazi despojó de su ciudadanía a los judíos antes de agruparlos y enviarlos a guetos y de ahí a campos de concentración— el derecho internacional ha codificado protecciones para las personas que no tienen una ciudadanía definida.

Las Naciones Unidas han creado dos convenciones sobre el estatuto de los apátridas, una en 1954 y la otra en 1961, que establecen los principios básicos de los derechos humanos de quienes son apátridas. Además buscan limitar la privación de la nacionalidad en los casos en los que podría convertir a alguien en apátrida. Al menos 61 países, incluido el Reino Unido, son signatarios de las convenciones.

“Esa protección jurídica existe, así que los Estados que están despojando de su ciudadanía a la gente y la dejan apátrida están violando esa ley”, explicó Baluarte.

Estados Unidos tiene su propia jurisprudencia. En 1958, la Corte Suprema de ese país dictaminó en Trop contra Dulles que era inconstitucional revocar la ciudadanía y dejar a alguien en calidad de apátrida como castigo por un delito.

“La ciudadanía no es una licencia que expira debido al mal comportamiento”, escribieron los magistrados.

Sin embargo, algunos temen que se hayan olvidado las lecciones del pasado.

“Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones civilizadas vieron el tamaño del abuso que se cometía al despojar a alguien de su nacionalidad, al dejar a esa persona en condición de apátrida”, comentó Baluarte. “No obstante, estamos regresando a un lugar donde nos hemos olvidado de lo desesperada que resulta la condición del apátrida. Y esto es muy preocupante, en vista de que tenemos esta nueva ola de expatriación con fines políticos”.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) también ha exhortado a los países a actuar en beneficio de la niñez al sopesar si dejarán sin ciudadanía a los reclutas del Estado Islámico que tienen hijos. “Todos los niños tienen derecho a un nombre, una identidad y una nacionalidad”, dijo la organización en un comunicado.

Sajid Javid, ministro del Interior del Reino Unido, ha adoptado una postura de mano dura en relación con la ciudadanía, pero ante el Parlamento, pareció sugerir que el recién nacido de Begum conservaría su nacionalidad.

“Los niños no deberían sufrir”, declaró. “Así que si un padre pierde la ciudadanía británica, no debería afectar los derechos de sus descendientes”.

El riesgo del retorno de los miembros del Estado Islámico

El 20 de febrero, Javid prometió ante el parlamento evitar que los que se unieron al Estado Islámico regresen al Reino Unido. Dijo que el Ministerio del Interior podría prohibir el ingreso al país a los ciudadanos no británicos o despojar de la ciudadanía británica a los “individuos peligrosos”.

“Estoy seguro de que suponen una amenaza para este país, haré todo lo que esté en mi poder para evitar su retorno”, declaró Javid. “Le dieron la espalda a este país para apoyar a un grupo que masacró y decapitó a civiles inocentes, incluidos ciudadanos británicos”.

El Ministerio del Interior mencionó en una declaración que Javid tiene el poder de privar a gente de la ciudadanía británica en los casos en los que no los pondría en condición de apátridas. El ministerio no habló sobre el caso específico de Begum, pero se ha informado que las autoridades británicas creen que pueden actuar en su contra debido a que su madre tiene un pasaporte de Bangladés.

No obstante, según Tasnime Akunjee, abogado de la familia de Begum, la joven no es ciudadana de ese país y dicho país ha declarado que le negaría el ingreso. Eso la dejaría apátrida.

En el caso de Muthana, quien se unió al Estado Islámico voluntariamente y es originaria de Alabama, la declaración de Pompeo de que no es ciudadana estadounidense contradice la información proporcionada por sus familiares y su abogado.

Hassan Shibly, abogado del Consejo de Relaciones Islámicoestadounidenses que asesora a la familia, mencionó que Muthana no era ciudadana yemení. Para comprobarlo, mostró el acta de nacimiento de la joven, la cual demostraba que nació en Hackensack, Nueva Jersey, en 1994.