El juicio a un médico del Hospital Universitario de la Princesa acusado de estafa y falsedad comenzó ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En base a la fiscalía, el acusado Adelardo C.D. emitió, entre mayo de 2010 y marzo de 2011, un total de 149 recetas de diversos medicamentos. Asignaba las prescripciones a pensionistas, cuyas recetas están subvencionadas por la Seguridad Social. Los nombres eran reales, de pacientes del hospital en el que trabajaba, sin que estos tuvieran conocimiento de ello. Después, el médico vendía los medicamentos y se quedaba algunos de ellos. Con esta práctica estafó más de 7.000 euros a la Seguridad Social. La Fiscalía pide seis años de cárcel e inhabilitación.

Con su idea trazada, el médico, especialista del Servicio de Cirugía y Digestivo del hospital madrileño, extendió, entre el 31 de mayo de 2010 y el 25 de marzo de 2011, 149 recetas oficiales de la Seguridad Social. Según argumenta la acusación, Adelardo C. D. escogía los medicamentos y escribía las recetas de su puño y letra, pero en lugar de asignárselas a él o al paciente correspondiente, el facultativo consignaba la receta como si se las estuviera entregando a pensionistas; este tipo de recetas están financiadas por la Seguridad Social en un 90% de su coste.

Tras extender las recetas y estampar su sello profesional como facultativo del Servicio Madrileño de Salud, el acusado utilizaba datos personales de diversos pacientes que o bien conocía o bien estaban siendo tratados en el hospital en el que trabajaba. Ninguna de las personas cuyos nombres aparecen en las recetas tenía conocimiento de la práctica, según la investigación.

Una vez formalizadas las recetas, el mismo doctor acudía a la farmacia para obtener los medicamentos. Para ello se hacía pasar por una persona cercana al paciente y fingía adquirir los medicamentos en representación y con conocimiento de los mismos. En ocasiones pedía que hicieran la compra terceras personas, cuya participación y conocimiento de la actuación ilícita del imputado no han quedado totalmente probados, según las pesquisas de la acusación. De ahí que el único acusado sea el doctor. Sus prescripciones aparecieron en un total de 11 farmacias diferentes de la capital. La acusación considera que Adelardo C. D. realizaba esta práctica para que la compra recurrente de medicamentos no alertase a los farmacéuticos y despertase sospechas sobre sus actuaciones.

De esta manera, el acusado obtuvo medicamentos por un total de 7.179,55 euros. Una cantidad que en última instancia fue abonada por la Consejería de Sanidad, ya que al tratarse de recetas para pensionistas estaban subvencionadas. La fiscalía acusa al facultativo de falsedad cometida por funcionario público en documento oficial y de un delito continuado de estafa. Por estos delitos y considerando que Adelardo C. D. realizó un abuso de su posición de médico especialista, el fiscal pide una pena de seis años de prisión. También reclama la inhabilitación para el ejercicio de la profesión médica durante todo ese tiempo.