Piden 12 años de cárcel para dos acusados de cooperación al suicidio en
Asturias

Los dos hombres ayudaron a morir a una mujer en Avilés en mayo de 2012

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita seis años y cinco meses
de prisión para cada uno de los dos acusados de ayudar a suicidarse a
una mujer en Avilés en mayo de 2012 y de intentarlo con un hombre dos
meses después, además de un delito contra la salud pública.

El Ministerio Fiscal pide también un año y cinco meses de cárcel para
otro acusado, hermano de un enfermo terminal residente en Cádiz, que se
puso en contacto con los otros dos acusados para ayudar a su familiar a
que acabara con su vida, siguiendo su voluntad. El juicio oral se
celebrará en un Juzgado de lo Penal de Avilés en una fecha aún por
determinar.

Con la ayuda de un médico

La Fiscalía sostiene que, en el mes de marzo de 2012, una mujer
contactó con un voluntario porque lo estaba pasando muy mal y quería
quitarse la vida, cosa que ya había intentando en otras ocasiones. El
voluntario, ya fallecido, colaboraba con la asociación Derecho a una
Muerte Digna en Cataluña, motivo por el cual estaba en contacto directo
con el acusado, médico de profesión, miembro de esta misma asociación
en Madrid y fundador de la asociación ENCASA Cuidados Paliativos,
también en la capital, y que se encargaba de suministrar al voluntario
distintos medicamentos, a sabiendas del destino que se les daba y con
conocimiento del resultado que se produciría.

Compraban en Internet un anestésico para perros y gatos

Así, el acusado y la acusada, que trabajaba como voluntaria en la
asociación ENCASA de Madrid, conseguían el Pentobarbital Sódico
(anestésico inyectable para intervenciones quirúrgicas en perros y
gatos) por Internet en México y luego ambos, indistintamente, lo
distribuían.

Tras preparar una entrega para la mujer de Pentobarbital Sódico a
cambio de 6.000 euros en mayo, se dirigieron hacia Avilés. En la
habitación de un hotel, ella ingirió el Pentobarbital combinado con un
zumo, y falleció entre las 19.00 y las 21.00 horas de ese mismo día. En
su organismo se encontró una dosis letal de esa sustancia, 37 mg/l. La
mujer dejó además una nota de suicidio.

Para su hermana

Además, el 4 de julio de 2012, el hermano de un enfermo terminal,
también acusado, se puso en contacto con el médico acusado para que le
proporcionara los medicamentos necesarios. Su hermana tenía metástasis
en varios órganos vitales y había expresado su voluntad de poner fin a
su sufrimiento. Le ofreció enviarle a Cádiz ese mismo día los
medicamentos necesarios para realizar una sedación paliativa profunda,
que duraría entre 8 y 24 horas, y las pautas para administrarlos.

Como el médico acusado no se encontraba en esos momentos en Madrid,
llamó a la también acusada para que preparara el paquete y lo llevara a
una mensajería. El paquete fue interceptado, sin que llegara a su
destino. En el interior del paquete había jeringuillas, agujas y varios
medicamentos, junto con un papel con las anotaciones para dosificar los
productos.

Almacén de medicamentos

En el registro efectuado el 6 de julio de 2012 en el local donde se
encontraba la sede social de las asociaciones Derecho a Morir
Dignamente y ENCASA, Cuidados Paliativos, se encontraron numerosos
medicamentos. Ese mismo día se intervino a la esposa del médico
acusado, cuando salía de su domicilio en Madrid, una bolsa diversa
medicación que precisaba receta médica para su obtención, propiedad del
acusado. En general, se trata de medicamentos cuya custodia,
conservación y dispensa se deberían realizar a través de los cauces
pertinentes: farmacias, hospitales y centros de salud, observando las
prescripciones facultativas (es decir, receta médica de estupefacientes
y control exhaustivo, con registro de dispensación ) y para las
indicaciones legalmente autorizadas.

El Ministerio Público considera que los sanitarios acusados son autores
de un delito de cooperación al suicidio, de un delito de cooperación al
suicidio en grado de tentativa y de un delito contra la salud pública,
mientras que el hermano del enfermo es responsable de un delito de
cooperación al suicidio en grado de tentativa.

Así, solicita que se condene a cada uno de los sanitarios acusados a un
total de 6 años y 5 meses de prisión, inhabilitación especial para el
derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, el pago de
una multa de 10 meses con una cuota diaria de 12 euros (3.600 euros),
con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, e
inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones durante
2 años. Y que se condena al otro acusado a 1 año y 5 meses de prisión e
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena.