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SIERRA MADRE OCCIDENTAL.— Los 27 integrantes de la familia Hernández viven en una casa ubicada a cinco metros de un acantilado, en Culiacán, Sinaloa. La vivienda no tiene puertas, ni agua potable, ni energía eléctrica. Su hogar es un inmueble hecho de láminas, tablas viejas, cartón, ladrillo y adobe, que ni siquiera es suyo: lo invadieron cuando se hallaba abandonado.

Ahí viven 18 niños, tres mujeres, tres hombres mayores de 20 años y tres ancianos. Los de mayor edad son originarios de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, pero después migraron y crecieron la familia en La Mesa, Sinaloa de Leyva, un poblado enclavado en la Sierra Madre Occidental, al lado de un río, en los límites con Chihuahua.

Ellos, al igual que los 25 mil desplazados internos por la violencia en Sinaloa —según datos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, una ONG fundada hace 30 años— huyeron de su pueblo para salvar la vida.

En la actualidad, los menores no cursan la escuela, las mujeres hacen y venden pan ranchero y acarrean cubetas con agua que les venden los vecinos. Los hombres adultos trabajan de peones de albañil cuando encuentran empleo, y los tres adultos mayores —dos mujeres y un señor con la pierna quebrada— viven para extrañar a su pueblo y para perderse en el pasado.

Se hallan en la capital del estado, pero su marginación es peor que en la sierra. Después de que en febrero pasado aparecieron en las noticias locales, el DIF los visitó y les ofreció ayuda, pero la familia sólo recibió despensas y sigue en las mismas condiciones de pobreza. El presupuesto público no los ha alcanzado.

En verano de 2012, con la llegada de los grupos del crimen organizado, esta familia salió huyendo entre el monte en una vieja camioneta doble cabina: apenas cupieron todos.

“Oímos una llorona de mujeres, gritaban que habían matado a cinco ahí cerca; eso nos tocó ver a nosotros. Se vino toditita la gente y luego, como a los tres días, nos vinimos nosotros”, recuerda la señora Consuelo Ramos, habitante de la casa e integrante de la familia.

Unos vecinos les prestaron una vivienda donde estuvieron ocho meses, pero la familia directa de Consuelo no se resignó a la costosa vida de la ciudad y regresó a La Mesa.

“Enfrente de la casa de nosotros vimos que bajaron un montón de encapuchados, y ‘córrele’, dijimos nosotros. Pasamos muchas noches en el monte. Ellos nos dijeron que no querían gente ahí. No había qué comer y había mucha gente mala, pero no nos veníamos otra vez por miedo, porque revisaban todos los carros en la pasada”, recuerda.

Cuando regresaron a La Mesa ya les habían robado sus pertenencias; pasaron siete meses de terror y escasez, y un día les dijeron que esa tarde se tenían que salir porque iban a matar a todos los que estuvieran en el pueblo. Entonces regresaron a Culiacán.

Problemática ‘invisible’

El Estado mexicano no se ha hecho responsable del desplazamiento interno forzado, como sí lo ha hecho Colombia y recientemente Honduras, advierte Sebastián Albuja, director del Departamento de África y América en el Observatorio del Desplazamiento Interno (IDMC) del Consejo Noruego para Refugiados, con sede en Ginebra.

Esto obedece a que el gobierno mexicano cree que aceptar el problema le dará una mala imagen internacional, dice.

“Tienen miedo de que hablar de desplazamiento les dañe la imagen a nivel internacional, cuando creo que es lo opuesto, justamente porque es un Estado tan fuerte, porque es una economía en crecimiento, [debe] decir: ‘Estamos afrontando nuestros problemas, estamos afrontando esta lacra del crimen organizado, y también nos estamos responsabilizando por sus víctimas. Es darle la vuelta al mensaje”, afirma Albuja en entrevista por videoconferencia desde Ecuador.

El experto recomienda que México siga los pasos de Colombia, un país que ha dado la cara al problema e incluso le ha servido para posicionarse a nivel internacional.

“En Colombia existe toda una arquitectura institucional de respuesta al desplazamiento. Es el país que tiene el sistema estatal de respuesta al desplazamiento más avanzado. Tienen programas nacionales de restitución, de registro”, destaca.

Incluso Honduras, que tiene menos desplazados que México, acaba de instalar la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia.

Albuja expone que el desplazamiento mexicano tiene tres características: es invisible, las víctimas están desprotegidas y hay cifras imperfectas. “Es un desplazamiento causado por violencia criminal”.

Laura Rubio Díaz Leal, académica del ITAM y estudiosa del fenómeno del desplazamiento interno, critica que los gobiernos en México no quieran aceptar la falta de seguridad para la población.

“En el gobierno de Felipe Calderón se negaba abiertamente que existiera un problema de desplazamiento, y con [Enrique] Peña Nieto simplemente no se habla de eso. No sé qué es más grave, una negación o una omisión del tema”, compara.

Desde 2011, Díaz Leal ha documentado 121 desplazamientos masivos en México.

Falla coordinación gubernamental

Juan Ernesto Millán, secretario de Desarrollo Social de Sinaloa y coordinador de un comité local intersecretarial que se creó para atender los desplazados internos, admite que el tema se ha abordado con base en esfuerzos aislados, no como una política de Estado con la intervención de los gobiernos de Chihuahua, Durango, Sinaloa y el federal.

“No solamente el secretario de Educación, el de Salud, el de Obras Públicas y el de Seguridad Pública, el procurador y el DIF estatal y los DIF municipales [deben participar para resolver el problema], necesitamos una acción coordinada”, dice.

Menciona que se han entregado algunas casas y despensas a los desplazados, pero no se han conseguido empleos suficientes. Tampoco tienen un presupuesto especial para desplazados, y una muestra de ello es que se alcanzó un acuerdo con el Infonavit para proveer de casas a los afectados, pero el gobierno local no ha dado la parte que le toca. Eso tiene detenido el trámite.

Obligados a trabajar para el narco

A pesar de que en la sierra de Chihuahua el fenómeno del desplazamiento no se compara con el de la frontera norte de Ciudad Juárez, éste sí existe, afirma Héctor Fernando Martínez, vicario general de la Diócesis de la Alta Tarahumara, con sede en Creel, Chihuahua.

Desde hace décadas, Héctor y el padre Javier Pato Ávila han exigido seguridad en la sierra tarahumara, han criticado al gobierno estatal y han organizado marchas para recordar a las víctimas del crimen.

Entrevistado en la parroquia, el padre Héctor menciona que el desplazamiento forzado en la tarahumara no se ha dado de forma masiva, por eso es difícil de percibir.

“No tenemos estadística, pero llegas a visitar a una familia a una ranchería y te das cuenta de que hay otra familia que no conocías, y te cuentan que vienen huyendo de los barrancos porque la presencia de gente armada los ha intimidado, porque a veces los obligan a salir porque van a usar sus territorios, o porque los quieren usar de mano de obra en la cosecha de mariguana”, advierte.

Incluso, agrega el sacerdote, se ha percatado de la presencia de extranjeros —salvadoreños y hondureños— en las filas del crimen.

Fenómeno mundial

Según los principios rectores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el desplazamiento interno se define como las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar de su hogar como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

Datos del Observatorio sobre Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, usados por la ONU, indican que a finales de 2013 había 33.3 millones de desplazados en el mundo debido a conflictos armados, violencia generalizada y violación a derechos humanos.

“Esta cifra representa un aumento de 16% en comparación con 2012, y alcanza un récord por segundo año consecutivo”, dice el Informe global 2014: desplazados internos por conflictos y violencia.

En América, a finales de 2013, por lo menos 6.3 millones de personas habían sido objeto de desplazamiento interno, la gran mayoría está en Colombia, donde la cifra alcanza 5.7 millones. También es notable el conflicto en Guatemala, con 242 mil; México, con 160 mil; Perú con 150 mil, y Honduras, con 17 mil.

A diferencia de otros países, donde los conflictos armados y las violaciones a derechos humanos son un factor serio de desplazamiento, en México la única causa es la violencia criminal. Los estados más afectados son Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Guerrero.

*Editado por EL UNIVERSAL y Noroeste en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS