En los próximos años, y de forma aceleradamente creciente, vamos a ir viviendo episodios en los que observaremos la difusión de informaciones relacionadas con la “vida privada” de muchas personas. Las listas del HSBC o los intentos del PP de permitir a la policía intervenir los teléfonos son síntomas recientes. Estos hechos generan y generarán polémicas ya que suponen casi siempre una contradicción entre derechos individuales y derechos colectivos, obligaciones personales y competencias públicas. La contradicción suele situarse en uno de estos dos ejes: privacidad y seguridad pública, o privacidad y cumplimiento de obligaciones fiscales. No es fácil encontrar equilibrios en ninguno de los dos casos. Pese a ello, querría hacer algunos comentarios.

1. Información.Toda esta situación tiene su origen en un avance tecnológico: el increíble aumento de la capacidad de registrar, almacenar, recuperar y difundir la información, una vez codificada digitalmente. Las sociedades prehistóricas no tenían estos problemas: la información sólo se almacenaba en los cerebros de las personas, y se transmitía oralmente. Nadie podía acceder a ella sin su permiso. En sociedades más modernas se almacenaba también de forma escrita, pero los documentos se podían ocultar o destruir fácilmente.

Actualmente generamos información privada, personal o económica, que al usarla o transmitirla, queda almacenada en discos duros y pasa por servidores. Acceder a ella es mucho más fácil de lo que creemos, si se tienen los conocimientos y los medios adecuados. Podríamos decir que las ventajas de la “sociedad conectada” comportan también la “sociedad transparente”. Hemos de acostumbrarnos a vivir en ella, sin confiar en el secreto, ni en la impunidad. Las dificultades de resolver estos conflictos nacen del hecho de que la privacidad personal quiere proteger la información, mientras que algunos de los intereses colectivos que el Estado debe asegurar, obligan a este a disponer de información personal, información que ahora tiene más medios técnicos para obtener (cámaras de seguridad, intervención de teléfonos, entrada en bases de datos, rastreo en servidores...).

2. Privacidad y transparencia. Esta situación puede resultar incómoda porque hemos proclamado en nuestras constituciones el derecho a la privacidad como una consecuencia lógica del reconocimiento de la dignidad individual. Pero, tal vez por un exceso de individualismo, no hemos añadido la obligación de contribuir al bienestar colectivo, permitiendo conocer aquella información que pueda contribuir al mismo. Sería bueno discutir dónde termina el derecho a la privacidad y dónde empieza la obligación de transparencia, no sólo en los asuntos públicos, sino también en aquellos que afectan a intereses colectivos.

Estamos, con razón, exigiendo transparencia a las Administraciones y a las empresas, pero no deberíamos rehusar que se nos exija también a los individuos (no sólo a los políticos), en aquellos temas en los que la ocultación provoca o puede provocar un daño social. Con todo ello quiero decir que un concepto excesivamente radical de la privacidad no va a tener mucho futuro, ni por razones tecnológicas, ni éticas o políticas.

3. Ocultación y regulación. Todos tenemos derecho a ejercitar nuestra libertad, con el único límite de que este ejercicio no atente contra la libertad de los demás, o no produzca daños a otras personas o a bienes colectivos. Del mismo modo todos tenemos derecho a no revelar lo que hacemos, lo que sabemos, o lo que tenemos, siempre que esta ocultación no perjudique a otros o no ponga en peligro intereses generales. Por ello es urgente regular, de acuerdo con los nuevos tiempos, este derecho a la no intromisión en la vida privada para evitar que se haga de forma no autorizada o con finalidades que no son socialmente aceptables.

4. Publicidad. Una cosa es la transparencia y otra la difusión masiva, sobre todo en los casos en los que los contenidos no han estado sujetos a verificación. La existencia de la red digital ha cambiado las reglas del juego. Hasta hace unos años, la difusión masiva de información estaba reservada a los medios de comunicación: prensa, radio y TV, y la adecuada regulación de estos medios permitía identificar responsabilidades en los casos de abuso, falta de rigor, o falsedad. Internet no es un nuevo medio; es un espacio de comunicación en el que toda persona conectada puede convertirse en difusor. Esto supone una enorme ampliación de la libertad, y obliga a nuevas reglas que permitan y potencien esta libertad, pero que establezcan sistemas de identificación y de adjudicación de responsabilidades en los casos de actuaciones delictivas.

5. Sociedad abierta. Soy partidario de la privacidad. Pero quiero prevenir que los cambios tecnológicos y los nuevos desafíos globales van a suponer una creciente limitación de la misma, y un aumento, deseado o no, de la transparencia social. Será bueno porque disminuirá la impunidad, una de las razones de algunos delitos, y aumentará la seguridad. Pero será incomoda para aquellos que tengan un concepto excesivamente “individualista” de las personas, y no hayan asimilado suficientemente que el ser humano es ante todo un ser social.

Joan Majó es ingeniero y exministro