Ley de Protección de Datos

María José Iglesias Ronderos. Oviedo Yo soy una ciudadana corriente, respetuosa de la ley, cumplo escrupulosamente con mis obligaciones de ciudadana y no lo hago sólo por "ser buena", también lo hago para poder manifestar públicamente mis quejas sin riesgo de tener que "achantar y bajar la cabeza" porque cualquiera me pueda "sacar los colores".

Dicho esto quiero expresar mi más enérgica protesta frente a la ley de Protección de Datos, al amparo de la cual se pueden cometer tropelías de todo tipo sin que los perjudicados puedan hacer averiguaciones de ninguna clase porque lo impide "la ley de Protección de Datos". Esa misma ley que no impide que tengan acceso a mis datos compañías de telefonía o de suministros de todo tipo con las que yo nunca he tenido relación alguna.

Lo que sí me impide esa norma es hacer uso de aquellos datos a los que haya tenido acceso con "acreditado interés legítimo" en su obtención. Es un escudo protector cuya mención es como "llamar al coco".

Lamento tener que decir que, de momento, el único beneficio de esta ley lo obtienen aquellos a quienes, de algún modo, pueda favorecer la ralentización de la justicia, ya de por sí lenta, que genera la aplicación escrupulosa de esta norma. No tanto por sentido del deber como por temor a incurrir en alguna infracción. En este caso, "la ignorancia no es atrevida, sino todo lo contrario".

Es penoso ver que en base a esta norma los morosos "dan esquinazo" a sus acreedores. Los "okupas" se "atrincheran" en propiedades ajenas. Los trámites burocráticos se complican y hacen más cara y difícil la vida del ciudadano medio.

Me importa, cómo no, el "derecho a la intimidad", pero también quiero rogar a las administraciones mayor rigor y celeridad en su actuación, de modo que los administrados no nos veamos condenados a la indefensión.