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   Publicado: 01.07.2013 13:19 |Actualizado: 01.07.2013 13:19

El Gobierno usa la protección de datos para ocultar los inmuebles que
adquirió la Iglesia desde 1998

El Ejecutivo responde a Cayo Lara que no le puede proporcionar esa
documentación porque se lo impide la Ley del Catastro. Tampoco proporciona
información sobre créditos que hayan concedido las entidades nacionalizadas
del Sareb

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   DANIEL DEL PINO

   El Gobierno de Mariano Rajoy presume de la ley de transparencia que
   está tramitando  ─y sobre la que se han presentado unas 300 enmiendas
   ─, pero al mismo tiempo legitima la opacidad de la Iglesia cuando se
   supone que se someterá al escrutinio de esa nueva norma. El Ejecutivo
   se ha negado a facilitar datos a la Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA-Cha)
   sobre el "número de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia
   desde 1998" escudándose en que la Ley del Catastro le impide hacer
   pública la cifra.

   "De acuerdo con el artículo 51 del texto refundido de la Ley del
   Catastro Inmobiliario aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004,
   de 5 de marzo, "tienen la consideración de datos protegidos el nombre,
   apellidos, razón social, código de identificación y domicilio de
   quienes figuren inscritos en el Catastro Inmobiliario como titulares,
   así como el valor catastral y los valores catastrales del suelo y, en
   su caso, de la construcción, de los bienes inmuebles individualizados",
   aduce el Gobierno en su respuesta a la solicitud de documentación
   realizada por Cayo Lara el pasado 4 de marzo. En virtud de este
   "régimen de protección de los datos catastrales de carácter personal ─
   concluye ─no resulta posible la cesión de la información solicitada
   [...] ya que supondría una vulneración del principio de protección de
   datos".

   El coordinador federal de IU, cree que esta es una muestra más de la
   protección de la que goza Iglesia. "Deberían de pasar de las palabras a
   los hechos porque este Gobierno que presume de transparencia hace de la
   opacidad su regla de oro" dijo este lunes en una rueda de prensa en
   Madrid en la que ha criticado la actitud del Ejecutivo, porque "se
   trata de la institución que más subvenciones públicas recibe".

   La Iglesia siempre se ha beneficiado del tabú autoimpuesto de los
   diferentes gobiernos en torno a esta materia, que está íntimamente
   relacionada con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Conociendo
   cuántos ha adquirido la Iglesia desde 1998, como solicitaba Lara, se
   puede saber, por ejemplo, cuánto deja de ingresar el Estado por este
   impuesto. También, si la Iglesia cumple con el pago del impuesto en los
   inmuebles que no entren dentro de las ya amplias y ambiguas exenciones
   que le otorga la legislación ─ aquellas que se dediquen al culto o al
   desarrollo de la sociedad ─ o si determinadas administraciones
   benefician al clero al no obligarle a pagar la tasa.

   Asimismo, y no es menos interesante, si la Iglesia especuló con el
   suelo y sus inmuebles durante los años de la burbuja inmobiliaria, ya
   que ese año, 1998, marca la entrada en vigor de la Ley del suelo del
   Gobierno de José María Aznar.

   En el mismo sentido, el Ejecutivo se ha negado a proporcionar datos a
   Lara sobre el "volumen de crédito total y número de créditos superiores
   a 300.000 euros desde el año 2000 hasta la actualidad, realizados por
   parte de las entidades que forman el Sareb". En concreto, el
   coordinador de IU pretendía conocer aquellos que "se encuentren
   impagados, considerados como de dudoso cobro, o declarados como
   fallidos", así como su desglose por "concepto, año, entidad financiera
   concesionaria" y "aquellas personas jurídicas y físicas receptoras del
   crédito".

   En su respuesta, el Gobierno no tiene problemas en reconocer que pese a
   que el banco malo sea "una empresa con mayoría de capital privado" y,
   por tanto, tenga que acogerse a "lo dispuesto en la Ley de Sociedades
   de Capital" y demás normas del ordenamiento jurídico, "debido a la
   participación del sector público en la misma y la importancia de su
   actividad para la estabilidad financiera, se ha articulado un régimen
   específico de suministro de información en las Cortes Generales". ¿Esto
   qué quiere decir? Que "cualquier solicitud de información confidencial
   sobre la Sareb" que no esté en relación con las informaciones
   periódicas que se hacen al Parlamento "no puede ser facilitada
   directamente por el Gobierno [...] ya que estaría invadiendo la
   autonomía de actuación de una sociedad empresarial jurídico-privada".

   Sociedad jurídico-privada en la que las acciones se reparten en un 55%
   para lo privado y un 45% para lo público (desde el Fondo de
   Reestructuración Ordenada Bancaria), pero donde esta dualidad se da de
   bruces con la realidad ya que su objetivo es arreglar el agujero de la
   banca nacionalizada. En cualquier caso, el Gobierno cita varias normas
   ─ la Ley 9/2012 y el Real Decreto 1/2010 ─ para reiterar a Lara que la
   única información que le puede dar es la que ya se conoce ─ "se trate
   de información pública y conocida" ─ o la que la Comisión Rectora del
   FROB dé en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los
   Diputados.

   "El Gobierno nos ha negado en cinco ocasiones la creación de una
   Comisión de investigación sobre los responsables de la crisis" y ahora
   "solicitamos estos datos para que se conozca la temeridad y quiénes la
   cometieron", dijo Lara. Sin embargo "en aras del secreto bancario y por
   el hecho de que el Sareb tiene un 55% de capital privado, el Gobierno
   dice que no puede darnos esos datos", denunció.

   A principios de junio, el Gobierno también se negó a facilitar el
   pasado 24 de mayo datos a la Izquierda Plural sobre el número de
   personas que han sido desahuciadas de su vivienda habitual desde el
   inicio de la crisis porque, según su versión, esos datos no existían.
   El 11 de junio, el CGPJ dio el dato de 2012.
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