Melilla: una frontera para dos monarquías

Juan Carlos I y Mohamed VI

Santiago Baranga

Desde mediados de julio, y durante tres semanas, el Estado marroquí protestó por una serie de abusos contra sus ciudadanos, por parte de policías españoles, en la frontera de Melilla. El 6 de agosto, su Ministerio de Asuntos Exteriores denunció el abandono de ocho inmigrantes subsaharianos en estado de salud crítico, frente a las costas de Marruecos, por parte de la Guardia Civil española, a la que calificó de racista e inhumana (a pesar de que ambos Estados suelen permitir esta práctica, por lo demás frecuente, según denuncian ONG, desde el acuerdo de 1992). El día 9, Rabat exigía a España respuestas precisas a sus quejas. Mientras tanto, se iniciaban las concentraciones ante edificios del Estado español: la embajada, los consulados de Nador y Tetuán, y el Instituto Cervantes en Rabat. Por su parte, la Coordinadora de la Sociedad Civil del Norte de Marruecos y el Comité Nacional para la Liberación de Ceuta y Melilla anunciaron un boicot a la entrada de productos frescos en el puesto fronterizo de Beni Enzar, junto a Melilla, que el día 12 dejó desabastecidos muchos comercios de la ciudad y que gozó de la total permisividad de la policía marroquí.

Estas tensiones se produce en un ambiente ya enrarecido por ocho meses sin embajador marroquí en Madrid y por el llamamiento, hecho en mayo por el primer ministro de Marruecos, a entablar un diálogo sobre el fin de la ocupación de Ceuta, Melilla y las islas del norte del país. Por último, Rabat denunció en junio los vuelos de un helicóptero militar español sobre Alhucemas, durante la estancia del sátrapa Mohamed VI (1). Circunstancia que sirvió a la ultraderechista cadena Intereconomía para protestar porque se está «debilitando a nuestro Ejército y la presencia del CNI en Marruecos». Parece que no le faltaba razón al escritor Tahar Ben Jelloun (pro-alauí, por otra parte) cuando señalaba que «Marruecos sigue percibiéndose como una antigua colonia, cuyos derechos son necesariamente limitados» (2).

Los ataques a las funcionarias por parte de los «activistas» del país vecino y sus declaraciones machistas, convenientemente aderezadas por la prensa española (en esta ocasión, cuanto más ultra, más “feminista”) con imágenes de porteadoras rifeñas cargadas de pesadas mercancías, facilitaron las cosas al Gobierno (al menos, desde el punto de vista de la “opinión pública”), que rápidamente aprovechó para reclamar respeto a los derechos constitucionales; obviamente, se refería a los de las mujeres (policías), puesto que los de los inmigrantes maltratados (tanto los de la frontera, «supuestos» según la prensa, como todos los demás) fueron olvidados inmediatamente: primero por España, y luego también por Marruecos. Ni que decir tiene que, una vez más, se resaltó la «profesionalidad» de las fuerzas policiales, que «velan por los derechos de todas las personas sin ningún tipo de distinción». El PP, por su parte, también aportó su cuota de cinismo al pretender «dejar claro ante la opinión mundial que en España no se violan los derechos humanos y no hay ningún supuesto de racismo por parte de los policías españoles». Sin comentarios.

En medio del revuelo, la prensa española pronto aireó el pasado de los líderes “activistas” marroquíes como delincuentes y promotores de marchas por la soberanía sobre el islote de Leila/Perejil; lo que no se dijo, sin embargo, fue que el carácter reaccionario de las mencionadas “asociaciones” se observa, ante todo, por su defensa del mismo Gran Marruecos que preconiza el Majzén (el entramado de Palacio), que es seguramente quien mantiene a sus jefes. Así, hace ahora dos años, la mencionada Coordinadora de la Sociedad Civil creó un Frente para la Defensa de la Integridad Territorial junto a la Asociación del Sahara Marroquí. Es obvio, pues, que la escalada de acusaciones ha sido organizada desde el principio por el Estado de Marruecos, como preparación de nuevas negociaciones con España, y para mantener en lo posible un estado de tensión nacionalista que refuerce la cohesión interna en torno a su monarca (evitando, así, la democratización del régimen). Como señalaba el pasado mayo el delegado saharaui en Andalucía, «el objeto de la corona marroquí es tener a la opinión pública con los ojos puestos fuera de casa».

Con todo, que la tensión en la frontera es, como mínimo, palpable, lo muestran no sólo las denuncias acumuladas durante años. Es patente el malestar de comerciantes y otros melillenses musulmanes por las dificultades que la política migratoria española y europea entraña para sus actividades económicas; y es que los incidentes que se han venido repitiendo tienen mucho que ver con la fuerte presión que impone el trasiego comercial a uno y otro lado de la valla, y que beneficia a ambas partes: cada día, entre 15.000 y 20.000 personas utilizan el acceso de Beni Enzar para entrar en la ciudad. El bloqueo de los “activistas” marroquíes ha puesto de relieve la importancia de los intercambios a ambos lados de la valla fronteriza. Desde la Asociación Pro Derechos de la Infancia de Melilla han manifestado, asimismo, que los problemas de la frontera se solucionarían si no fuera un lugar lleno de «vallas enormes, alambradas de espino y torniquetes».

Pero la monarquía alauí no es la única beneficiaria de las tensiones. En esta ocasión, no podía faltar el PP para azuzar el apolillado espantajo de la Cruzada contra los “sarracenos”, en una situación definida por González Pons como de «máxima tensión»; allá se presentó Aznar para respaldar «a todos aquellos que pasan malos momentos y son duramente insultados» (¿todos?), recordar las viejas glorias de Leila/Perejil y, ¡viva Honduras!, insuflar ardor patrio a sus incondicionales. Incluso los ultraderechistas de Intereconomía señalaron que «el PP entró en el asunto sin muchos remilgos de Estado. ¡Qué más podía pedir el Mazén!» [sic], ya que su presencia no hacía sino debilitar la posición negociadora española ante Marruecos; lo cual, como bien se sabe, tanto le da a este «partido de Estado», especialmente ante una ocasión tan propicia para airear su rancio españolismo. Tampoco podía faltar la intervención del Borbón en el sainete (para algo tenía que servir el haber sido «hermano» del sátrapa anterior) que, en contraste, no hizo nada respecto a la situación de Aminetu Haidar el pasado invierno. Finalmente, fue la petición de la Asociación de Comerciantes del Rastro de retrasar los bloqueos hasta después del mes de Ramadán lo que sirvió, al menos de cara a la galería, para aliviar la tensión. Pero no cabe duda de que el bloqueo y su levantamiento habrán potenciado el aura de Aznar como “hombre providencial” ante sectores tan montaraces como los que, en Marruecos, cierran filas junto a su rey.

Sobran, sin embargo, ejemplos del oportunismo (por lo demás, obvio en esta ocasión) que se esconde tras las patrioteras soflamas de la derecha franquista. Porque lo que de verdad le interesa, igual que cuando agita su otro espantajo favorito, el del separatismo, es asegurar su dominación de clase. Recuérdese, si no, cómo Arias Navarro no dudó en abandonar a los saharauis a su suerte, pensando más en el ejemplo portugués (y en salvar su propio pellejo) que en las glorias patrias y, por supuesto, los intereses de los saharauis. O cómo el embajador franquista Jaime Piniés (recuperado luego por González) aconsejó en 1975 «retroceder inmediatamente peñones e islotes a Marruecos» y hacer lo propio con Melilla en veinte años, tal y como recuerda el ex diplomático Máximo Cajal (3).

Y ¿qué decir de la titubeante actuación del Gobierno? Obligado a aparentar firmeza ante las presiones del PP, el PSOE se limita a gestionar los incidentes, dejando hacer tanto a sus propias fuerzas represivas como al Estado alauí. Al fin y al cabo, sabe que las escaladas de tensión promovidas por Marruecos son parte del tradicional tira y afloja cada vez que se acercan negociaciones sobre “seguridad”, inmigración, pesca, etc., y en las que cada uno procura asegurarse el apoyo de sus súbditos respectivos atizando el nacionalismo alrededor de estas posesiones territoriales; por eso, el mantenimiento del statu quo de éstas beneficia a ambos regímenes tanto como separa y perjudica a sus pueblos respectivos. La única diferencia respecto a los peperos es el aventurerismo sin límites de los de Rajoy y Aznar, siempre dispuestos a embarcarse «con viento de poniente» en alguna Cruzada, para después someterse al arbitraje del padrino yanqui si las cosas se ponen feas. Pero ni el PP ni el PSOE están dispuestos a renunciar a unas posesiones tan rentables políticamente; y mucho menos, por supuesto, a mover un dedo en pro de la democratización de Marruecos.

Ceuta y Melilla, posesiones coloniales

Tanto las dos ciudades autónomas como el resto de posesiones norteafricanas (el Peñón de Vélez de la Gomera, el peñón de Alhucemas, las islas Chafarinas, Leila/Perejil…) tienen su origen en la política de expansión de Castilla por el continente vecino a finales del siglo XV, para «siempre garantizar una presencia militar en tierras infieles», en palabras de Isabel la Católica. Claro que no sólo la continuación de la «Cruzada» justificó tales peripecias, motivadas más bien por ganar posiciones frente a Portugal en el África atlántica. Más tarde, sería el intento de controlar el Mediterráneo, que la confederación catalano-aragonesa aportaba como su mercado tradicional a la unión con Castilla, lo que explica el interés por mantener estas y otras plazas (más bien “presidios”) durante la Edad Moderna. En el siglo XIX, esta atención se vería renovada ante la descomposición del reino marroquí, el inicio de la carrera imperialista y los sueños de grandeza de los dueños de una España subdesarrollada.

Frecuentemente se aduce que Marruecos no existía en el siglo XV como tal entidad y que, por tanto, no se puede considerar que le fueran arrebatadas estas posesiones. Pero este argumento tiene varios problemas: en primer lugar, que tampoco existía España por entonces, siendo tal hecho, como mínimo, motivo de controversia. Por otra parte, siguiendo esa argumentación, ¿qué impidió entonces conservar el Rif, Sidi Ifni o el mismo Sáhara? ¿Cuándo “prescribe” la ocupación para convertirse en posesión plena? ¿Por qué España puede reclamar Gibraltar (arrebatado en 1704) y no debe restituir Olivenza a Portugal (1801)? Y, por último, ¿puede alguien en su sano juicio negar la justicia de la devolución de enclaves como Macao (Portugal) o Hong Kong (Reino Unido)?

A pesar de todo ello, las derechas de todo pelaje invocan la incuestionable españolidad de estas tierras; pero no tanto la de sus habitantes. Un ejemplo: en noviembre de 2004, tanto el PP como el PSOE respondieron a una iniciativa parlamentaria a favor de la cooficialidad del árabe y el tamazigh (lengua bereber) en Ceuta y Melilla con argumentos tan “contundentes” como que tal medida «no tiene cabida» en la Constitución monárquica o que los grupos políticos promotores desconocían «la realidad social» de la ciudad, a pesar de que el tamazigh es hablado por más de un tercio de los melillenses. El presidente de Melilla, el pepero Juan José Imbroda, zanjó la cuestión afirmando que el tamazigh «no es una lengua española» e insinuando que Marruecos podía estar tras la propuesta parlamentaria. El PSME-PSOE, asimismo, se planteaba desarrollar la «multiculturalidad», pero considerando la oficialidad única del castellano «absolutamente incuestionable». Esta es la política de respeto a los derechos de las minorías de los partidos oligárquicos; esta es la «españolidad» indiscutible que desean para las plazas africanas. No en vano, el pasado 17 de agosto el diario ABC aún distinguía entre policías «españolas» y «musulmanas».

Restos coloniales y democracia

Otro lugar común para mantener los territorios norteafricanos es el sistema político de Marruecos. Se suele decir que es impensable entregar a ciudadanos de una España democrática a lo que es poco menos que una autocracia. Pero, ¿en qué medida el mantenimiento de la situación actual contribuye a impedir la democratización de Marruecos? ¿Cómo afecta a la propia “democracia” española? Y, sobre todo, ¿realmente están comprometidos los partidos monárquicos españoles con el desarrollo de la democracia en el país vecino? La respuesta a esto último es, rotundamente, NO. Lo vimos durante la crisis producida por la expulsión de Aminetu Haidar, cuando el Estado español llegó a dar muestras de un total desprecio por la situación del pueblo saharaui, de la que le corresponde una responsabilidad considerable. Y ahora, tras la crisis fronteriza, nadie habla ya de la tiranía marroquí, a pesar de que (o precisamente por eso) durante el mes de agosto ha arreciado el acoso contra la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, acusada de antisemita (!) por su defensa del pueblo palestino.

La AMDH ha sido denunciada precisamente por «antisemitismo», al haber coreado sus jóvenes, durante un campamento en la ciudad de Safi, consignas a favor de los derechos humanos en Marruecos, en solidaridad con el pueblo palestino y contra el terrorismo sionista y la rápida normalización de las relaciones del reino alauí con Israel. El denunciante, un conocido sionista de Essauira, ya había señalado a la AMDH el pasado marzo. El Comité Central de ésta se ha reafirmado, sin embargo, en su combate contra el imperialismo y el sionismo, «en tanto que movimiento racista, colonialista y agresivo», y en defensa de la autodeterminación del pueblo palestino y «la edificación del Estado democrático palestino sobre la integridad del territorio palestino con Jerusalén como capital»; y ha señalado, asimismo, la demostrada oposición al antisemitismo que caracteriza a sus 12.000 miembros, reconociendo el papel político de judíos marroquíes como Abraham Serfaty, uno de los presos políticos más conocidos de aquel país. La Asociación considera, en fin, que esta denuncia constituye un proceso contra el conjunto de la AMDH y de los antisionistas defensores del pueblo palestino en Marruecos.

En definitiva, y como ya hemos señalado, el Estado español se niega a presionar al reino alauí para iniciar un proceso realmente democratizador y, más aún, a devolver las plazas norteafricanas, porque le interesa más mantener el statu quo, tanto en el país africano como en Ceuta y Melilla. Y ello a pesar de que Marruecos sólo podrá seguir utilizando estas ciudades como moneda de cambio, en beneficio de sus intereses comerciales (legítimos, salvo cuando negocia sobre los recursos saharauis), mientras el Estado español mantenga su posición colonial. ¿Por qué España y la UE mantienen al Majzén? Además de por los motivos políticos ya indicados, porque sólo este régimen les permite esquilmar a placer (a través de las prácticas corruptas y autoritarias de Palacio) los recursos no sólo de los marroquíes, sino también del Sáhara (pesca, petróleo, fosfatos), que de otra manera estarían en manos de sus respectivos pueblos para potenciar su bienestar. Y también, desde luego, porque el régimen alauí es un aliado muy apreciado por los EEUU, que en la época de Bush lo incluyeron en su política del “Gran Oriente Medio”; de ahí se deriva igualmente el progresivo acercamiento de Marruecos a Israel y, en consecuencia, el incremento de la presión sobre la AMDH en el sentido que ya hemos señalado. Como vemos, tanto Obama como la UE siguen la línea de Kissinger de promover a cualquier tirano capaz de mostrar fidelidad y proporcionar “seguridad”; y el desarrollo de Al Qaeda en el Magreb les sirve, desde luego, de inestimable ayuda.

Las consecuencias de todo ello sobre el régimen político en ambas monarquías son similarmente desastrosas. En Marruecos, al convertir al rey y su régimen ultrarreaccionario en cabeza de un proyecto chovinista (el Gran Marruecos), aceptado internacionalmente, tanto más capaz de aglutinar a los sectores más atrasados de la población cuanto más acentúe el Estado español el carácter de fortaleza de Ceuta y Melilla. En nuestro país, al azuzar el patrioterismo y la secular enemistad hacia «el moro», fortaleciendo una concepción de España excluyente, chovinista, racista e imperialista, y dividiendo aún más a los trabajadores de ambas nacionalidades; convirtiéndose el Estado, además, en cómplice del expolio y sometimiento del pueblo saharaui y de la opresión sobre los marroquíes.

«No se puede “defender la patria” de otro modo que luchando por todos los medios revolucionarios contra la monarquía, los terratenientes y los capitalistas de la propia patria, es decir, contra los peores enemigos de nuestra patria; […] pues el zarismo no sólo oprime económica y políticamente a estas nueve décimas partes de la población sino que las desmoraliza, humilla, deshonra y prostituye, acostumbrándolas a oprimir a otros pueblos, acostumbrándolas a encubrir su propio oprobio con frases hipócritas de seudopatriotismo» (4).

Y es que, como señalaban Marx y Engels, «el pueblo que oprime a otros pueblos no puede ser libre». Los comunistas queremos una España «libre e independiente, autónoma, democrática, republicana, orgullosa, que base sus relaciones con los vecinos en el principio humano de la igualdad y no en el principio feudal de los privilegios» (4). Y lo mismo deseamos para Marruecos en relación con el pueblo saharaui. Pero somos conscientes de que, «para que las distintas naciones convivan o se separen libre y pacíficamente […], es necesaria la plena democracia defendida por la clase obrera. ¡Ni un solo privilegio para ninguna nación, para ningún idioma! ¡Ni la más mínima vejación, ni la más mínima injusticia con ninguna minoría nacional!: tales son los principios de la democracia obrera» (5). Por eso, y por solidaridad con nuestra clase, los comunistas españoles apoyamos la Revolución en Marruecos y a las organizaciones que trabajan por ella.

Lenin defendía la autodeterminación de los pueblos sometidos al zarismo porque, entre otras cosas, esa era la única manera de permitir a sus trabajadores avanzar hacia su emancipación y de ganarlos para la Revolución. En 1919, durante los debates del VIII Congreso del Partido Bolchevique, Lenin se opuso a la impaciencia de Bujarin respecto a ciertos pueblos del imperio zarista, refiriéndose al «proceso de diferenciación del proletariado» frente a las clases dominantes en cada territorio:

«Admitamos incluso que los bashkires derrocasen a los explotadores y que nosotros les ayudásemos a hacerlo. Pero esto es posible únicamente si la revolución ha alcanzado plena madurez. Y hay que hacerlo con cuidado, para no frenar con nuestra intervención ese mismo proceso de diferenciación del proletariado que debemos acelerar. […] Es necesario esperar el desarrollo de la nación de que se trate, la diferenciación del proletariado frente a los elementos burgueses, lo cual es inevitable. […] Cada nación debe obtener el derecho a la autodeterminación y esto contribuye a la autodeterminación de los trabajadores» (6).

Aplicado esto al caso que nos ocupa, es obvio que las izquierdas españolas no pueden pretender que Marruecos se democratice sólo mediante declaraciones de solidaridad, o por el “ejemplo” de nuestra poco ejemplar “democracia”, mientras se defiende el mantenimiento de las plazas que simbolizan la opresión colonial. Muy al contrario, ayudar a que se dé ese «proceso de diferenciación del proletariado» es demostrar el carácter infinitamente superior de la democracia obrera, es afirmar nuestro compromiso con las relaciones de plena igualdad entre los pueblos. Las posesiones norteafricanas (y también el Sáhara Occidental) son una barrera entre los pueblos y una rémora para el desarrollo de la “democracia” en general, y de la democracia obrera en particular, en Marruecos. Difícilmente conseguirán los trabajadores marroquíes deshacerse de la tutela de sus propias clases dominantes si éstas pueden seguir agitando el espantajo de la ocupación española para desviar su atención. Por el contrario, la firme resolución de abandonar todo resto colonial, que el PCE (m-l) ha mantenido desde sus inicios, refuerza los lazos de la clase obrera marroquí con la española y con sus propias organizaciones revolucionarias. Por eso, los trabajadores marroquíes deben saber que sólo el avance de las fuerzas de la Revolución les devolverá su integridad territorial.

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(1) Vuelos que, según Intereconomía, sirvieron para fotografiar al monarca alauí, quien «blinda con leyes su imagen sagrada». Según este medio, Zapatero no debería haber solicitado la mediación del Borbón, ya que a éste «temas aparentemente escabrosos no deberían salpicarle». Cabría recordar a los de Intereconomía que los Borbones saben tanto de imágenes blindadas como de «temas escabrosos».

(2) El País, 30/5/1995.

(3) El País, 19/10/2003. Cajal, por su parte, sostiene la necesidad de resolver la «situación colonial» en que se encuentran las posesiones norteafricanas y «reintegrar la integridad territorial de Marruecos». Cabe aclarar que la posición del diplomático, asesor del PSOE, favorable también a la devolución de Olivenza y la recuperación de Gibraltar, es compatible con su oposición a la autodeterminación del Sáhara y su opción por la autonomía en un Marruecos democratizado. Pero no deja de ser un ejemplo de que ni siquiera en los círculos del poder la devolución es desechada por completo.

(4) Lenin, El orgullo nacional de los gran rusos (1914).

(5) Lenin, La clase obrera y la cuestión nacional (1913).

(6) Lenin, Informe sobre el Programa del Partido (1919).