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Para esta postura el gris jurídico y la inseguridad que presentaría Triple Frontera, es el factor que permitiría que el terrorismo fundamentalista obtenga logística, fondos, armamento y un centro de operaciones fuera del alcance del control de la Justicia.

La ciudad mas dañada por estas acusaciones es Ciudad del Este, en el lado paraguayo, debido al contrabando y la venta de mercadería falsificada.

Con respecto a la conexión paraguaya con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en Paraguay, las investigaciones en torno al Secuestro de Cecilia Cubas Gusinky, hija del ex presidente de ese país, hasta el momento han determinado que seis colombianos miembros de las FARC, entraron por Bolivia dos meses antes del secuestro. Luego de la muerte de la hija del ex mandatario, los colombianos habrían escapado del Paraguay. Su entrada al país supuestamente no fue registrada porque lo hicieron de forma clandestina.

Según fuentes de la Justicia del Paraguay, la banda tenía una estructura bastante compleja formada por planificadores, reclutadores y otra clase de miembros como los negociadores.

EL fiscal de la causa considera que serían entre 40 ó 50 los secuestradores. Entre los arrestados hay miembros de Patria Libre del Paraguay, grupo que pertenece al Foro de Sao Paulo. Por su parte el Sistema de Inteligencia de Colombia habría descubierto emails relacionados al secuestro, enviados entre Raúl Reyes (máximo jefe de las FARC) Rodrigo Granda Escobar (conocido como el canciller) y el procesado Osmar Martínez como jefe del grupo de secuestradores. En los mensajes electrónicos se da asesoramiento en el secuestro de Cecilia Cubas, y de los 5 millones de dólares que se piden por el rescate.

Para la Fiscalía paraguaya, en el Gran Buenos Aires estaría operando una célula de las FARC. Osmar Martínez habría tenido comunicaciones con ese grupo para el secuestro de Cecilia Cubas. La misma estaría organizada por profesionales con alto nivel de entrenamiento en operaciones de secuestro. Es así como las FARC buscarían formar células en otros países, principalmente para tener rutas donde recibir armas, que son cambiadas por drogas o dinero. El propio gobierno colombiano encontró en operaciones militares, armamento robado al ejército paraguayo que será devuelto a dicho país.

El gobierno paraguayo informó que está tras la pista de un miembro de las FARC conocido como ?Hermes?, quien prestó asesoría para el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas. El vicepresidente de Paraguay, Luís Alberto Castiglione, dijo al término de una visita a Colombia, que en su país hubo presencia de asesores de las FARC, entre ellos un colombiano conocido como Hermes quien habría asesorado a los delincuentes paraguayos.

Agregó que según las investigaciones Hermes es muy cercano a los jefes de las FARC y que reside en Brasil, probablemente también muy vinculado a la mafia brasileña. Destacó también que gracias a la cooperación de Colombia se logró desarticular la organización delictiva que secuestró y asesinó a Cecilia Cubas. También se dio inicio a la capacitación de fiscales y policías paraguayos en inteligencia y lucha contra el narcotráfico.

Una situación que esta afectando a la visión sobre la seguridad en la Triple Frontera, son las operaciones en conjunto y la nueva legislación que están teniendo Colombia y Brasil. Estos dos países realizaron en mayo pasado la operación ?Colbra? que tuvo como fin el entrenamiento en derribar aviones ilegales sospechosos de pertenecer a los carteles del narcotráfico o a las guerrillas (FARC y ELN).

El objetivo es comenzar una acción de lucha fronteriza de forma conjunta que esta coordinada por los destacamentos militares de las fronteras de ambos países y que se realiza con elementos de las respectivas Fuerzas Aéreas.

Estas acciones no permiten a los aviones ilegales fugarse, ya que al momento de despegar de cualquiera de los dos territorios nacionales, son interceptados por sistemas de radares que alertan a los aviones de combate y a las unidades de comunicaciones y apoyo terrestre.

En principio este nuevo sistema de vigilancia se esta llevando a cabo en una zona estratégica para ambos países, que va desde San Gabriel a Leticia, abarcando unos 240.000 kilómetros cuadrados. Cabe destacar que ambos países cuentan con la legislación interna que los habilita a efectuar este tipo de maniobras militares para derribar aviones considerados sospechosos.

A su vez la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) monitorea el espacio aéreo en la zona de frontera entre Paraguay y Brasil. Esta medida fue anunciada por el Comandante de la Aeronáutica brasileña, Brig. Luiz Carlos da Silva, e implamentada con la finalidad de frenar la constante violación de territorio brasilero por narcotraficantes que operan en esta parte del país, refiriéndose al área de Pedro Juan Caballero y a Capitán Bado.

Están a cargo de la fiscalización del espacio aéreo, durante las 24 hs. entre 10 y 12 aeronaves con un total de 90 efectivos de la FAB. Su base se encuentra en la ciudad de Campo Grande, Capital del Estado de Matto Grosso del Sur.

Luego de la captura en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), de Antonio Roberto Ramos y Elsoni de Oliveira, ambos brasileños, Miguel Linker, boliviano, y el hallazgo en su poder de una de las tres avionetas robadas en Curumba, se descubrió que una de estas naves, fue reducida en un establecimiento ubicado en la Colonia Pirá y de Capitán Bado, zona de dominio de conocidos traficantes fronterizos.

En menos de seis meses, unas siete aeronaves brasileñas fueron robadas de Campo Grande y Corumbá por bandas de narcotraficantes y llevadas a Bolivia y Paraguay, desde donde son utilizados para transportar drogas, municiones y armas al mercado brasileño, aprovechando el escaso control del espacio aéreo del Brasil en la zona.

En este país las FARC y los narcos brasileños se encontrarían trabajando en conjunto. Esto lo realizarían por medio del paso de drogas de Colombia a Brasil a través de Paraguay. Según documentos de los Estados Unidos, los narcos brasileros no se han aliado con la guerrilla colombiana sino con sus raíces en Paraguay.

Para O Globo, la cooperación se da luego de que el gobierno brasilero fortaleciera la ley que autoriza a la Fuerza Aérea nacional a derribar aviones sospechosos que sobrevuelen su país. Entonces, como el tráfico de cocaína se vuelve más peligroso por vía área de Colombia a Brasil, la alianza compromete a las FARC, hoy instalada en Paraguay'.

La cocaína va desde el sur de Colombia en pequeños aviones que despegan en pistas clandestinas de las FARC, pasan por Bolivia y aterrizan en Paraguay. Ahí la droga es descargada en fincas de los narcos, luego sigue por ruta. En las rutas desde Paraguay llega a Brasil, vía Triple Frontera, donde un poco de la droga queda para consumo interno de Sao Paulo y Río de Janeiro, y otro poco sigue a Estados Unidos, Europa, Japón, Australia y Sudáfrica. Las armas y parte del dinero irían para las FARC como pago en una especie de peaje por el uso de sus pistas.

Brasil en los últimos tiempos es, de los países que conforman el triangulo de Triple Frontera, el que mas controles esta realizando. Principalmente el paso de personas que ingresan a Brasil por Foz de Iguazú desde Ciudad del Este.

Esto ha provocado las sucesivas quejas de los comerciantes de la zona. Esta nueva política de seguridad en el área por parte de los brasileños demostraría el alineamiento que este país esta teniendo con la política exterior de los EE. UU. con respecto a la existencia de crimen organizado en tres fronteras.

Esta situación afecta al propio Brasil, el cual ha perdido ingresos fiscales provenientes del turismo que venia desde Ciudad del Este. En este sentido Receita Federal, el organismo brasilero encargado de la recaudación, también ha endurecido las inspecciones, situación que provocó el despido de dos mil empleados de comercios de la zona que se han visto obligados a cerrar, a la vez que se produjo la perdido de diez millones de dólares en intercambio comercial. Esta situación a empujado a ambas naciones a firman un acuerdo que tiene fin descomprimir los controles fiscales en Ciudad del Este, segundo centro mas importante del Paraguay.

Con respecto a la amenaza terrorista, Los EE. UU. desde la voladura de la embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) ambas en la ciudad de Buenos Aires, ha afirmado la idea de que Triple Frontera es la subregión latinoamericana mas peligrosa desde el punto de vista de la seguridad. Evidentemente esta postura cae en el reduccionismo al obviar el conflicto colombiano, en el cual las fuerzas insurgentes dominan más del 40 % del territorio de Colombia, en el cual administrar justicia y dirigen las economías locales de las zonas ocupadas.

Esta misma posición fue la tomada por el juez Galeano en el proceso judicial por los atentados terroristas en Buenos Aires. Para el juez argentino todas las pistas indicarían que los ataques fueron perpetrados por células pertenecientes a grupos fundamentalistas pro iraníes afiliados al Hizbullah, a la vez que habrían tenido el apoyo logístico y operacional de la comunidad musulmana de Triple Frontera. Esta teoría cubrió de sospechas a los ciudadanos de origen árabe de la zona que desde los 70? se dedican a la actividad comercial.

La postura de Galeano, aunque pudo estar influenciada por la información provenientes de servicios de inteligencia extranjeros, entre los que destacan la CIA Norteamérica y el MOSSAD israelí, encontró un marco de aceptación debido al hecho de que Triple Frontera era conocida históricamente por el comercio mayoritariamente ilícito que tenia como actividad mas importante, a lo que se sumó la participación confirmada de mafias y carteles de la droga provenientes de diferentes países (China, Corea, Colombia, Rusia).

A pesar de lo anterior, aun hoy no se ha podido demostrar fehacientemente que en el triangulo de tres fronteras existen células o asistencia logística para grupos como Hizbullah, Hamas, Yihad Islámica o Al Qaeda.

El 11-S fue el inicio de una nueva época de sospechas sobre la región. Douglas Feith, uno de los directores máximos del Departamento de Defensa de los EE. UU. aconsejó después de los ataques terroristas a Washington y New York, que se invadieran las tres ciudades que integran la zona, ya que supuestamente esta sería uno de los ?santuario? de la organización AL Qaeda. La idea fue expuesta en el tercer aniversario de los atentados terroristas, en un reporte de la comisión independiente sobre los ataques del 11-S y fue publicado en la revista Newsweek.

Estas tendencias duras con respecto a la seguridad en la región, fueron determinantes para la creación en el 2002, del grupo denominado ?3+1? que esta conformado por miembros de la diplomacia argentina, brasilera, paraguaya y de los EE.UU. y que tiene como fin evaluar las amenazas a la seguridad en Triple Frontera.

Se puede asegurar que Puerto Iguazú tiene ciertas ventajas en relación a la inseguridad. Al ser considerablemente menos pobladas que Foz de Iguazú y Ciudad del Este, es más fácil de controlar y de hacer cumplir la legislación vigente. En este aspecto el poco desarrollo económico y poblacional de puerto Iguazú ha sido su principal ventaja desde el punto de vista de la seguridad. Cabe destacar que los mayores controles fronterizos, aun corresponden al lado argentino, a la vez que prefectura naval es la que mayor control ejerce sobre el Rió Iguazú y Paraná.

Esta situación de mayor alerta en el lado argentino, provoca que al llegar vehículos o personas por el puente Tancredo Neves, la seguridad del lado brasilero solo se limite a pedir la documentación, quizás en la certeza de que las Fuerzas de Seguridad argentinas ya realizaron la correspondiente inspección.

Como política en seguridad, Brasil históricamente ha optado por ser más permisible al ingreso de vehículos y mercaderías, que a la salida de las mismas. Esta situación se basa en la lógica de que si ingresa algún producto del contrabando, falsificación o dinero oscuro el mismo va a quedar en territorio brasilero. El paso desde Brasil a Paraguay prácticamente carece de controles, lo que permite el comercio hormiga con su correspondiente carga o el ingreso de indocumentados.

Por su parte, el 11-S ha sido una bisagra en relación a los controles y las sospechas que se tenían sobre la presencia de organizaciones terroristas (Hamas, Hizbullah, Yihad Islámica, Gamaa Al Islamyia, Al Qaeda y grupos latinoamericanos como las FARC). Las hipótesis que apoyan la teoría de la existencia en la zona de tales grupos, va desde plantear que en el lugar se refugian terroristas aislados, hasta la afirmación de que en la Triple Frontera existen campos de entrenamiento del terrorismo.

Estas visiones se también se apoyan de la acusación de que en los atentados de la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) en la Ciudad de Buenos Aires, hubo soporte y logística desde el triangulo de las tres fronteras.

Es probable que los activos provenientes de ilícitos que se obtiene en la zona, sena destinados para diferentes fines y entre estos puedan llegar capitales a organizaciones que apoyan actividades terroristas, pero esta hipótesis aun no ha podido ser demostrada fehacientemente, en cierta forma porque las pruebas se basan en informes de inteligencia de agencias como la SIDE argentina, la CIA norteamericana y el MOSSAD y SHABAK (ex Shin Bet) israelíes. Cabe recordar que los indicios que pueden aportar la actividad de la inteligencia, no suplen a la prueba judicial, en la legislación interna de los tres países que abarcan a la Triple Frontera.

Aunque desde 1996 existe el Comando Tripartito de la Triple Frontera, con fines de control y seguimiento de actividades del crimen organizado y el terrorismo, después del 11-S se ha intensificado la presión que están ejerciendo los EE. UU. en su guerra global contra el terrorismo, en los gobiernos locales para que tomen medidas contra el flagelo terrorista En este sentido la creación del Grupo 3+1 (Argentina, Brasil, Paraguay y los EE.UU.) son un avance significativa en la actividad contraterrorista en la subregión del cono sur.

En este sentido hay visiones que ven en la posición norteamericana, una estrategia para lograr el control militar de la Triple Frontera que permitiría geopolíticamente tener el control del gas de Bolivia, suministro que continuamente se ve amenazado por los grupos de presión dirigidos por Evo Morales, así como tener una base para dirigir el Plan Colombia y el control sobre los movimientos sociales de la región.

Por nuestra parte consideramos que las posibilidades de desarrollo del terrorismo fundamentalista no dependen de las características de una región, sino de los elementos humanos que vallan integrando las comunidades del lugar. En este sentido la lucha contra el terrorismo es deber de toda nación de la comunidad internacional, ya que este flagelo es uno de los condicionantes críticos de mayor trascendencia, debido a que su accionar causa temor profundo en la sociedad y de esta forma, se convierte en un actor que tiene la capacidad de desestabilizar a los regímenes constitucionales.

Para finalizar, podemos decir que los EE.UU. se encuentran bajo un régimen de Estado policial, por lo tanto están obligados a que los demás países latinoamericanos se alineen bajo el mismo sistema. A su vez este nuevo régimen jurídico penal se esta imponiendo en todo el mundo, ya que las potencias mundiales han determinado que en la ?Guerra contra el Terrorismo? debe prevalecer la seguridad colectiva sobre los derechos individuales.

Sin duda podemos anticipar que las presiones que realice el gobierno norteamericano, principalmente por medio del factor económico, a la administración argentina, brasileña y paraguaya serán en que se comprometan más en la agenda mundial y regional contra el terrorismo.

 

Ramiro Anzit Guerrero

Especialista en Contraterrorismo y Seguridad.

ramiro_anzitguerrero[arroba]yahoo.com.ar

Buenos Aires (1976). Abogado (USAL). Magíster en Estudios Estratégicos (INUN). Doctorando en Relaciones Internacionales y en Derecho Penal (USAL). Autor del libro ?Terrorismo, Análisis de un Condicionante Critico? y coautor de la ?Las Religiones en la Época de la Muerte de Dios?. Presidente del Centro Argentino de Estudios sobre Terrorismo (CAET). Miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Miembro del Instituto de Derecho Penal y Criminología del Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal.