Frontera en peligro

300 refugiados colombianos llegaron durante los últimos tres años a Ecuador, según Acnur. Foto: AFP

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El despliegue de tropas a ambos lados de la frontera inquietó recientemente a los miembros de la Comisión de Buenos Oficios de la OEA, que busca facilitar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, rotas a raíz del bombardeo del 1° de marzo de 2008 contra el campamento permanente de 'Raúl Reyes'.

Durante un recorrido por el área de producción petrolera en la zona de Teteyé, en el Putumayo, se percataron de las operaciones que cumplen las unidades de la Sexta División del Ejército para resguardar la actividad, y al llegar a San Miguel se enteraron por boca de los oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía de los constantes hostigamientos por parte del frente 48 de las Farc.

Al llegar a Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, cerca del lugar donde fue destruido el campamento de 'Reyes', se encontraron con patrullajes del Grupo de Tarea Número Uno "Cofán" del Ejército ecuatoriano, una unidad de élite que tiene la misión de no despegar el ojo de la línea divisoria. Y al ir a la provincia de Esmeraldas, cerca de la frontera con Tulcán, notaron el constante alistamiento de unidades militares en el Batallón Tobar Donoso.

Pero más allá de las tensiones que el despliegue militar pueda generar, a los enviados les preocupó que, rotas las relaciones entre los dos países, no existe tampoco comunicación entre las tropas que cumplen tareas de control y vigilancia en la frontera, con lo cual está presente el riesgo de que se presenten incidentes incluso más graves que el desatado por el bombardeo de marzo del año pasado.

Esa alerta sobre riesgo que se vive allí está dada en el informe de conclusiones de la visita de los verificadores de la Comisión de la OEA, que acaba de ser entregado a los dos gobiernos y que CAMBIO conoció de manera anticipada. "La falta de comunicación a nivel militar -advierte el documento- está generando un escenario incierto, que podría producir el eventual escalamiento de algún incidente en la frontera". Y agrega: "Sin información, los acontecimientos pueden malinterpretarse. Más aun, puede advertirse, no sin razonable preocupación, que con el aumento de la cantidad de efectivos militares de los dos países en ambos lados de la frontera, y el mayor nivel de patrullajes marítimos, fluviales, aéreos y terrestres, pueden incrementarse las posibilidades de incidentes entre esas fuerzas".

Para los comisionados, el restablecimiento de la comunicación serviría también para sacar provecho a acciones conjuntas contra los factores de violencia que afectan la calidad de vida de los habitantes de la frontera común. Su informe señala por eso que la comisión "ha evidenciado la clara voluntad por parte del gobierno ecuatoriano", a través de sus fuerzas militares, para encarar el accionar de grupos armados irregulares en su territorio. "En ese sentido, cualquier tipo de esclarecimiento o de información que precise Colombia respecto a la presencia de grupos armados irregulares podría ser resuelto", explica.

Los miembros del equipo de verificación cuestionan el enfoque estrictamente militar que los dos países le están dando a los problemas fronterizos, donde pobreza y desarraigo son factores comunes en un mapa de deterioro social. "Los problemas que aquejan a la región fronteriza -recalca- difícilmente podrán resolverse si se plantean únicamente bajo la óptica de la seguridad. El desarrollo económico de la frontera, la prestación de servicios básicos y la coordinación entre diferentes dependencias sociales de ambos gobiernos son elementos igualmente importantes". Advierte que las condiciones de violencia existentes en Colombia han causado en Ecuador, especialmente en la franja fronteriza, un gran impacto de naturaleza socioeconómica que podría tener severas consecuencias negativas en  el mediano y largo plazo.

"Existe una política de refugio de brazos abiertos por parte de Ecuador, lo cual es positivo desde el punto de vista humanitario, pero en gran medida ocasiona escasez de controles efectivos sobre la población colombiana que ingresa, se inserta y moviliza por territorio ecuatoriano", destaca el informe.

A juicio de los enviados de la OEA, los dos países carecen de una política integral fronteriza, por lo cual se "impone la necesidad de establecer condiciones efectivas de cooperación bilateral fronteriza".

Las visitas de la comisión de verificación mostraron "un marco agudo de vulnerabilidad social, debido a la propagación de actividades ilegales de diversas formas (aunque relacionadas en su conjunto con la producción, comercialización y consumo de drogas), la poca ostensible y efectiva presencia del poder público y el impacto negativo causados por esos sectores en la población".