COMENTARIOS - CASOS PRACTICOS (Artículo 5 NCPP)

Regresar



¿Cómo se inicia la etapa preparatoria?

La etapa preparatoria se inicia:

Por denuncia (se presenta ante la Fiscalía o Policía Nacional y en las localidades donde no existan ni Fiscalía ni Policía, la denuncia se presenta ante el Subprefecto o Corregidor, quienes deben ponerla en conocimiento del Fiscal más próximo en el término de 24 horas) (Arts. 284, 288 y 289 del NCPP).

Por querella (que es promovida por la víctima y se presenta ante el Fiscal y por escrito) (Arts. 278 par. II y 290 del NCPP).

De oficio, cuando el Fiscal tenga conocimiento de la comisión de un delito, promoverá y dirigirá su investigación. (Arts. 278 par. I, 16 y 21 del NCPP).

Por intervención Policial (cuando los funcionarios y agentes de la Policía tengan noticia fehaciente de la comisión de un delito de acción pública informan a la Fiscalía dentro de las ocho horas de su primera intervención) (Art. 293 NCPP).

¿Qué condiciones hay que respetar en cualquier caso de privación de la libertad?

En cualquier caso de privación de la libertad se tendrán que respetar las siguientes condiciones: La persona privada de su libertad tendrá derecho a ser asistida y a entrevistarse en privado con su defensor (Art. 84 par. II y III; Art. 9 NCPP; Art. 16 par. III CPE);

El imputado tendrá derecho a nombrar cuantos defensores estime necesarios (Art. 102, I NCPP);

Sus peticiones u observaciones serán transmitidas al Juez dentro de 24 horas de su aprehensión (Art. 84 par. III, Art. 226, II NCPP);

En caso de que se advierta que la persona padece alguna enfermedad mental que le impida conocer los actos del proceso, se ordenará su reconocimiento psiquiátrico y se seguirá el procedimiento descrito en el Art. 86 NCPP;

Si el imputado es un menor de edad, puede también intervenir en el proceso; debe sin embargo estar representado por quienes ejerzan la patria potestad o su tutor o un representante estatal de protección, en aquellos casos en que no tenga representación legal (Art. 85 NCPP);

El imputado tendrá el derecho a ser tratado con el debido respeto a su dignidad de ser humano (Art. 5 , III NCPP; Art. 6 , II CPE);

El imputado será considerado inocente y tratado como tal en cualquier momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada (Art. 6 - I NCPP; Art. 16 par. I CPE);

El imputado tendrá el derecho de abstenerse de declarar y la decisión de no declarar no podrá ser utilizada en su perjuicio (Art. 6 par. II, Art. 92 ,II NCPP);

El imputado no será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, ni se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o instigarlo a declarar contra su voluntad (Art. 93 - I NCPP).

Extractado de “El Nuevo Código de Procedimiento Penal. De la Teoría a la Práctica”. Cecilia POMAREDA de ROSENAUER y Jörg Alfred STIPPEL. 1ª Edición; Plural Editores. La Paz - 2001. Derechos Reservados GTZ – Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal


EL DERECHO A LA DEFENSA EN LA ETAPA PREPA¬RATORIA. EL SISTEMA ACUSATORIO, CARACTERÍSTICAS DE LA DEFENSA TÉCNICA.-

La defensa dentro del proceso penal puede realizar objeciones si ha habido aspectos de ilegalidad en la forma de recabar los elementos de prueba, tiene la responsabilidad de representar los intereses de su cliente, del acusado, más aún cuando se formalice la prueba en la etapa del juicio. El defensor puede presentar pruebas durante el proceso a favor de su cliente.

La función del fiscal dentro de la etapa preparatoria es ser el asesor legal del investigador, durante la realización de la etapa investigativa, el rol del juez es más pasivo, sólo puede intervenir para formalizar y darle legalidad a los actos que realicen. Ej. Allanamiento, interceptar comunicaciones, etc... Importa un involucramiento menor, donde asume un verdadero rol en la etapa del juicio, su función es más protagónica, es en esta etapa donde se oficializa la prueba tanto por el defensor como por el fiscal. El juez realiza la judicialización de la prueba en el juicio, es la visión del sistema acusatorio,

ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN.-

En esta etapa se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

• Se recolecta todos los medios de prueba que posteriormente serán incorporados en el juicio.

• El criterio más importante es el de la oficialización de la prueba coherente con el lema del sistema acusatorio "INVESTIGAMOS AHORA PARA JUDICIALIZAR LA PRUEBA DESPUÉS", en la etapa del juicio.

• No se judicializa la prueba durante la etapa investigativa. En el inquisitivo se practica toda la judicialización de la prueba. En el acusatorio, la filosofía es otra, la judicialización debe operar en la etapa del juicio, con esta forma se logra una eficiencia porque se puede investigar más rápidamente la prueba y mayor eficacia para encontrar la prueba.

• La vinculación, es un aspecto importante. En el sistema acusatorio no hay vinculación con la declaración del imputado, la vinculación sólo ocurre a través de la acusación. El investigador debe investigar sin las formalidades de la judicialización de la prueba. El fiscal debe evaluar la investigación y si tiene fundamentos puede decidir por acusar. Una vez con la acusación recién se cita al acusado, quien debe comparecer, a partir de este acto surge recién la vinculación. No hay vinculación del sospechoso hasta que se realice la acusación a diferencia de lo que ocurre en el sistema inquisitivo, donde en una sola etapa, con la declaración del imputado se realiza la vinculación.

• En el Código de Procedimiento Penal Boliviano se encuentran las dos formas para realizar la vinculación, con la declaración del imputado y a partir de la acusación, duplicando innecesariamente el mecanismo de la vinculación.

• La oralidad, el investigador debe trabajar con cierta flexibilidad, no ser tan formalista en lo que respecta los niveles de comunicación que debe mantener con el fiscal, aspecto que repercute en una mejor investigación. En la etapa del juicio si existe la oralidad como medio de comunicación entre partes por que se va a judicializar la prueba obtenida. Ej. Cuando se interroga a un testigo. La oralidad en el juicio demanda un nivel de excelencia en la etapa de la investigación.

• Reserva de las actuaciones. El sistema acusatorio por tener dos etapas puede ser más selectivo en la aplicación de la reserva. Si durante la etapa de la investigación hay necesidad de realizar determinados actos de manera reservada para proteger alguna prueba o testigo es válida de aplicarse, esta reserva se suspende cuando entramos a la fase del juicio donde se abre las puertas para que todas las personas puedan ver y analizar las pruebas presentadas. El Código de Procedimiento Penal boliviano habla de las reservas de las actuaciones, pero de manera excepcional es por la herencia inquisitiva que se tiene.


Extractado de “Guía de Actuaciones Para la Aplicación del Nuevo Código de Procedimiento Penal”. Alberto J. MORALES VARGAS. 1ª Edición; La Paz - 2004. Derechos Reservados GTZ – Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal


EL DERECHO A LA DEFENSA  EN EL DESARROLLO DEL JUICIO ORAL-
El juicio constituye la fase esencial del proceso. Se deberá realizar sobre la base de la acusación; en forma oral, pública, contradictoria y continua, para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, con plenitud de jurisdicción.
Durante esta etapa, la labor del abogado defensor adquiere connotaciones no sólo de carácter jurídicas sino también de consideraciones sobre estrategias de resolución de casos jurídicos, es decir fijarse un objetivo concreto y realizable, y buscar a través de todos los medios de prueba que le franquea el mismo código la absolución o la atenuación de la responsabilidad penal del imputado.
A pesar de que por principio de carácter acusatorio, “quien acusa tiene la obligación de probar", no es excluyente que como estrategia de defensa se nutra de elementos probatorios y mejore su posición dentro del proceso.
En el juicio oral, expuestos los fundamentos del fiscal y del querellante y, en su caso, resueltos los incidentes, se recibirá la declaración del imputado. Previamente se le explicará, con palabras claras y sencillas, el hecho que se le atribuye con la advertencia de que podrá abstenerse de declarar y que el juicio seguirá su curso aunque él no declare. (Aspecto que debe ser claramente determinado y coordinado entre el imputado y el abogado de la defensa, es una manifestación clara del derecho a la defensa material).
El imputado podrá manifestar lo que crea conveniente en su declaración. Sólo en este caso será interrogado por el fiscal, el abogado del querellante, el defensor y los miembros del tribunal.
Terminada la declaración del imputado, el juez o el presidente del tribunal dispondrá que el defensor exponga la defensa, posteriormente se procederá a la recepción de la prueba conforme a lo previsto en este Código. (Art. 346).
Otra materialización concreta del derecho a la defensa material es la facultad que tiene el imputado de hacer las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa. En todo momento podrá hablar con su defensor, excepto cuando esté declarando. (Art. 347).
Una vez producidas las pruebas de cargo y descargo en el juicio oral, el fiscal, el querellante y el defensor del imputado en ese orden, formularán sus conclusiones de manera oral, podrán utilizar medios técnicos y notas de apoyo a la exposición y no se permitirá la lectura de memoriales o documentos escritos. Si intervinieron dos o más defensores, todos podrán utilizar la palabra, evitando repeticiones o dilaciones.
Las partes podrán replicar, pero corresponderá al defensor la última intervención. La réplica debe limitarse a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido discutidos.
Finalmente el presidente preguntará al imputado si tiene algo más que manifestar, para luego conceder  la palabra a la víctima con el mismo fin. lnmediatamente después declarará cerrado el debate.
Durante la deliberación en sesión secreta y dictación de la sentencia, se materializa el principio de inocencia conjuntamente con el principio de in dubio pro reo, cuando establece como posibilidad que durante la deliberación de la sentencia se pueda dar la situación de igualdad de votos, en este caso se deberá adoptar la decisión que favorezca más al imputado. (Art.359 párrafo final). El voto disidente de algún miembro del Tribunal sea técnico o ciudadano deberá ser fundamentado por escrito.
La sentencia será redactada y firmada inmediatamente concluida la deliberación y votación y leída por el Presidente del Tribunal. Si uno de los miembros del Tribunal no puede suscribir la sentencia por impedimento ulterior a la deliberación y votación se dejará constancia de ello y la sentencia valdrá sin esa firma.
LA PROPOSICIÓN FÁCTICA CONTENIDA EN LA ACUSACIÓN.-
Si se analiza el contenido de los requisitos formales de la acusación, tanto pública como privada, se tiene que el operador que presenta la acusación tiene la obligación de plantear una proposición fáctica, cuya articulación y fundamentación tendrá una incidencia fundamental en la proposición de pruebas y su correspondiente producción en juicio y, por lo tanto, en la línea de interrogatorio a peritos y testigos, tanto de cargo como de descargo.
Si bien por las reglas de la carga de la prueba, la meta final del acusador debe ser la de demostrar la teoría jurídica contenida en la atribución de hechos relatada en la acusación y, en el caso de que la estrategia de la defensa consista no sólo en desvirtuar la teoría de la acusación sino proponer otra teoría del caso jurídico, la meta final del juicio para la defensa será también desvirtuar la teoría de contrario, es preciso tener siempre presente que entre la teoría jurídica y la evidencia existe una distancia, que en el caso de la defensa, es necesaria distanciarla en el desarrollo de la audiencia de juicio y las teorías jurídicas que sobre el caso concreto se elaboran contienen, casi siempre un grupo de elementos que no constituyen, en todos los casos, proposiciones demostrables sino mas bien conclusiones legales que se plantean al juzgador para que las extraiga de las pruebas introducidas al juicio.
Cada delito como categoría jurídica o normativa preestablecida, contiene elementos característicos que son abstractos y que no están relacionados con ninguna historia fáctica en particular.
Cuando el acusador califica los hechos remitiéndose a la ley penal en su parte especial de acuerdo al o los tipos calificados a los que señala se adecua la conducta del imputado debe tener en cuenta que su labor consistirá también en formular proposiciones fácticas para cada elemento del o los delitos atribuidos, la actividad en juicio de parte de la defensa debe estar dirigida a desvirtuar esas proposiciones fácticas.
En esa perspectiva se entiende, entonces, a aquella afirmación de hecho que satisface un elemento legal o dicho de otra manera los medios de prueba que se producen en juicio llenan o determinan el contenido de las proposiciones fácticas del delito atribuido.
Un caso por lo regular exige el planteamiento y desarrollo de múltiples proposiciones fácticas correspondientes a uno o más elementos constitutivos del delito.
Regularmente la acusación propone la producción de evidencia directa y circunstancial. Esta última demuestra una proposición fáctica por intermedio de una o más inferencias entendidas estas como el nexo mental entre el elemento de prueba y la conclusión, mientras que la evidencia directa pretende demostrar una proposición fáctica sin la necesidad de ese nexo mental, estos aspectos deben ser tornados en cuenta por la estrategia de la defensa, con la finalidad de demostrar la inocencia del defendido o la atenuación de la responsabilidad penal del defendido.
De acuerdo al caso concreto en algunos casos, al vincular la historia o narración con los medios de prueba, el acusador necesita limitarse sólo a proponer y producir medios de prueba denominados evidencia afirmativa que puede estar respaldada por evidencia explicativa y hasta emocional ésta última puede ser utilizada también como de refutación, esto siempre y cuando la defensa no haya planteado una historia jurídica alternativa.
Si la defensa propone otra teoría y no se limita sólo a refutar la de la acusación es preciso acudir a la evidencia de refutación y credibilidad.
Para aclarar los aspectos mencionados es pertinente tratar de definir los tipos de evidencia expresados.
APLICACIÓN DE LATEORÍA DEL DELITO.-
Como ya se ha sugerido precedentemente la presentación de la acusación importa no sólo narrar y sostener una historia verosímil e interesante sino sobre todo se trata de presentar el hecho objeto del juicio con pretensiones jurídico penales, en ese sentido la teoría del delito se constituye en una herramienta importante para el abogado defensor dado que éste debe ofrecer al juzgador en el desarrollo del juicio una propuesta de interpretación y aplicación concreta del derecho penal. Es así, que la teoría del delito y la dogmática penal" se convierten en un instrumento que permite concretar el derecho para el caso específico"5. Sin el ánimo de entrar al análisis de las diversas teorías del delito, por las características de este trabajo, se propone el esquema tripartito de tipicidad, culpabilidad y antijuricidad.
La coincidencia entre un hecho concreto y los elementos que componen un tipo penal (supuesto típico) constituyen la tipicidad. Ésta contiene elementos objetivos y subjetivos.
La conducta omisiva o comisiva descrita en el tipo penal es lo que se denomina conducta típica y sujeto activo del delito es el autor de la conducta típica descrita en la ley penal y sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídicamente protegido y que ha sido lesionado.
Los delitos se clasifican también en delitos propios e impropios, en delitos de riesgo y de resultado.
Un elemento de la tipicidad es la relación causal entre una conducta humana y su resultado siendo un nexo de unión lógico y real entre una conducta como causa u origen y un resultado material o formal como consecuencia de aquella.
Un requisito implícito del tipo penal constituye la imputación objetiva del resultado, especialmente en los delitos de resultado y que resulta inverificable, por ser imposible la presencia de un nexo causal, en los delitos de comisión por omisión.
Dos son los principios estructurados sucesivamente que deben evaluarse a tiempo de analizar la imputación objetiva en el caso concreto:
I.- Que la conducta del sujeto activo haya creado un peligro para el bien jurídicamente protegido, esto implica que el peligro no esté cubierto por un riesgo permitido, y
2.- Que tal riesgo se haya materializado en resultado completo.
Si la primera evaluación no se verifica estamos frente a un caso de absoluta impunidad y no tiene sentido siquiera ingresar al examen del punto dos. Por el contrario si se verifica sólo el punto uno y no el dos es posible que nos encontremos frente a un caso punible en grado de tentativa.
En cuanto al tipo subjetivo está compuesto por el dolo y la culpa, tal como previene el Art. 13 del Código Penal.
El dolo puede ser clasificado en dolo directo de primer grado, en el que la voluntad del sujeto activo se presenta de un modo intenso y directo (la finalidad que persigue el agente es precisamente la realización de un tipo delictivo);el dolo indirecto conocido también como de consecuencias necesarias o dolo directo de segundo grado, en el que el propósito del sujeto activo no es precisamente la realización del tipo sino la consecución de otro delito,  con conciencia o conocimiento de que a tal acción va unida necesariamente la realización de todos los elementos de un tipo delictivo y el dolo eventual en la que el sujeto activo aunque no persigue realizar el hecho típico asume como posible que su conducta pueda producir el hecho típico.
AUDIENCIA DELJUICIO ORAL-
El día y hora señalados para la audiencia de juicio oral, la actividad del Abogado defensor consiste en intervenir en todos los actos procesales que disponga el Presidente del Tribunal y en aquellos que crea convenientes como estrategia de defensa del imputado, asesorar o hablar con el imputado en todas la intervenciones que le correspondan excepto cuando esté declarando, presentar la defensa del imputado y presentar sus alegatos antes del cierre de los debates.
Si se constata la ausencia del abogado defensor en audiencia de juicio, es causal de suspensión de audiencia que implica de parte del juez la obligación de asignar de oficio a otro defensor.
Cuando la renuncia o el abandono del abogado defensor se produzca antes o durante el juicio se podrá prorrogar su comienzo o suspenderse el iniciado como máximo por 10 días siempre que este plazo sea solicitado. La comprobación del abandono malicioso del abogado defensor dará lugar al nombramiento de un abogado defensor de oficio, sin perjuicio de las sanciones previstas por ley.
Hallándose presentes las partes, defensor, fiscal, acusador, testigos y peritos, previa instalación de la audiencia de juicio, el juez advertirá a testigos y peritos de que están prohibidos de comunicarse entre sí ni enterarse de lo que acontece en audiencia de juicio, en tanto no depongan su declaración, dispondrán que abandonen la sala y aguarden su convocatoria a la audiencia en la sala correspondiente.
Concluida la lectura del Auto de Apertura de Juicio y expuestas las acusaciones tanto del acusador público y el privado en ese orden, la defensa del imputado podrá plantear los incidentes o excepciones que creyere convenientes como medio de defensa del imputado, debiendo fundamentarlas oralmente en el acto y presentar los medios de prueba pertinentes. Pudiendo plantear los recursos que le franquea la ley en el caso de la improcedencia de sus incidentes o excepciones.
Podrá asesorar al imputado antes de que comparezca al estrado del declarante, a los fines de la recepción de su declaración.
Si el imputado decide prestar declaración, el abogado defensor interrogará a su defendido después del Acusador Público y el Acusador Particular en ese orden.
En el desarrollo del interrogatorio, velará que no existen preguntas prohibidas o presión en el imputado, advertido de esto pedirá al juez que precautele y controle que el interrogatorio se desarrolle sin presiones ni preguntas indebidas. Si en el desarrollo del interrogatorio nota signos de fatiga o cansancio en el declarante, pedirá al Presidente del Tribunal se suspenda el acto, para continuarlo lo antes posible y una vez que esos signos hayan desaparecido.
Concluida la recepción de la declaración del imputado podrá exponer los argumentos de su defensa.
Concluida con esta presentación y en su turno producirá sus pruebas de descargo, toda vez que normalmente los testigos que se presentan en juicio no tienen experiencia previa sobre su participación en estos actos judiciales, es recomendable que el abogado defensor en el caso de los testigos ofrecidos en calidad de prueba testifical de descargo, tenga conocimiento real de lo que el testigo informará en audiencia, brindándole seguridad y confianza en el desarrollo de su declaración.
Si bien el interrogatorio es directo, corresponde a la defensa controlar que este se desarrolle sin preguntas prohibidas, que según el Art.35l del Código de Procedimiento Penal, son las siguientes:

  1. Impertinentes.
  2. Sugestivas.
  3. Capciosas.

A través del juez se controla la no introducción de preguntas prohibidas de oficio o a pedido de parte, a través del sistema de objeciones, conviene destacar el hecho de que regularmente la objeción planteada por la parte no debía requerir fundamentación, sin embargo si el juez no tiene claro el motivo de la objeción, ordenará a la parte que la fundamente brevemente y si considera indispensable dará lugar a respuesta a la parte que interroga. Inmediatamente resolverá por dar lugar a la objeción o dispondrá su rechazo, bajo las fórmulas de:

  1. Ha lugar.
  2. No ha lugar.

Si la parte agraviada por esa decisión interpone recurso de revocatoria (reposición), resolverá en el acto, disponiendo el mantenimiento de su decisión o su revocatoria.
Si durante la declaración se advierte contradicciones en el testimonio, del juez dispondrá que el testigo las aclare de mantenerse las contradicciones, dispondrá la remisión del acta al Ministerio Público para el inicio del proceso por falso testimonio.
En el caso de la declaración del perito en juicio, es preciso diferenciar dos circunstancias:

  1. Si el perito ha practicado ya su pericia en etapa preparatoria o,
  2. Si la pericia se realizará recién en etapa de juicio.

En el primer caso, una vez convocado el perito a sala, se recibirá el juramento o promesa de decir la verdad de cuanto sabe con relación al caso, de actuar con objetividad respecto del dictamen elaborado, inmediatamente le interrogará sobre:

  1. Su identidad;
  2. Domicilio;
  3. Cédula de identidad, RUN o Pasaporte;
  4. Profesión, ocupación, arte o ciencia en la que es experto;
  5. Objeto de la pericia.
  6. Si prestó juramento en etapa preparatoria ante el fiscal.

Acto seguido se dispondrá, que sea interrogado por las partes, en el orden ya referido.
En el caso de que no hubiera realizado pericia en etapa preparatoria, antes de tomar su juramento, se debe seguir el siguiente protocolo:

  1. Interroga a la parte que propuso la pericia, el objeto de la misma y sus alcances.
  2. Escucha a la otra parte.
  3. Decide en el acto si la pericia es pertinente al objeto de juicio, de ser admitida la misma procederá a fijar los puntos precisos de la pericia.
  4. Si las partes objetan los puntos fijados, resolverá si es procedente o no el planteamiento de objeción de las partes, manteniendo la fijación de puntos dispuesta o modificándolos.

Cumplidos estos pasos, de admitir la pericia recién se dispondrá la convocatoria al perito y se examinará si el perito ofrecido cumple con las acreditaciones de formación, experiencia y conocimiento para realizarla de ser así designará al perito tomándole juramento, señalándole con precisión los puntos de la pericia y el plazo que tiene para desarrollarla. De ser posible dispondrá que la pericia se practique en la misma sala y sesión de audiencia.
Si el perito propuesto, a criterio del juez no es idóneo para desarrollar la pericia podrá nombrar a otro perito que sí cumpla con las pericias que la ciencia, arte o técnica o exigen.
Vencido el plazo señalado y presentado el dictamen correspondiente, se recibirá la declaración del perito, conforme a las reglas ya referidas.
Si la defensa o el acusador particular acreditan un consultor técnico para la producción de las pericias, corresponde al juez autorizar tal participación previa acreditación de la idoneidad del consultor técnico, a quien le podrá conceder el uso de la palabra para interrogar al perito en el turno de la parte que acredito al consultor. El Ministerio Público podrá acreditar a su consultor técnico directamente.
Agotada la recepción de las declaraciones testificales y de peritos, tanto de la acusación como de la defensa, dispondrá la introducción de prueba a juicio de los medios instrumentales o materiales ofrecidos por las partes.
El orden consiste en agotar primero los ofrecimientos de prueba del fiscal, del acusador particular y finalmente de la defensa. En ningún caso el juez podrá introducir prueba de oficio, ya que la parte aún habiendo ofrecido determinado medio de prueba, puede decidir no introducirlo.
Ante la solicitud de introducción del medio de prueba por la parte, el juez verificará de oficio si la prueba ha sido debidamente ofrecida, luego resolverá los planteamientos de exclusión probatoria, es decir la admisibilidad del medio de prueba. La resolución que dispone la admisibilidad o inadmisibilidad del medio de prueba, constituye un acto fundamental de control del juez con relación a la actividad probatoria de las partes en la obtención del medio de prueba, la resolución deberá especificar y fundamentar las consideraciones pertinentes. Sobre todo en el caso de declarar inadmisible el medio de prueba deberá hacer constar si es por violación de derecho, garantía o procedimiento.
Si la parte contraria no plantea exclusión probatoria admitirá el medio cuya introducción ha solicitado expresamente.
Dispuesta la admisión se dispondrá la producción del medio de prueba:

  1. Si se trata de prueba documental, dispondrá su lectura, por regla debe ser total, sólo si hay acuerdo de partes, ordenará la lectura parcial.
  2. Si se trata de prueba material, la describirá.

Concluida la recepción de pruebas materiales y documentales, se considerará la introducción o no de grabaciones de audio o audio-visuales.
Finalmente se resolverá las solicitudes de inspección y/o reconstrucción que las partes hubieran solicitado oportunamente (en la acusación o en el memorial de defensa de ofrecimiento de pruebas de descargo).
Agotada la recepción de pruebas, se dispondrá la clausura del debate y ordenará que las partes fundamenten sus conclusiones, en el siguiente orden:

  1. El Fiscal.
  2. El acusador privado.
  3. El defensor.

Se admite la réplica y dúplica, correspondiendo al juez controlar que las segundas intervenciones no sean reiterativas y se refieran a hechos no referidos en las primeras intervenciones.
Si las partes hubieran acreditado la participación de consultores técnicos estos podrán plantear conclusiones con relación a la pericia concreta a su participación en el turno de la parte a la que han asesorado.
Acto seguido, se verificará si la víctima se encuentra presente en sala y, haya o no presentado querella y/o acusación particular, haya o no desfilado como testigo, le preguntará si tiene algo que manifestar al juez y le cederá la palabra.
Finalmente se consultará al imputado si hará uso a su derecho de última palabra antes de Sentencia y le cederá la palabra. Inmediatarnente dictará Sentencia.
MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA EN LA ETAPA DE LOS RECURSOS.-
EL Art. 394 del Código de Procedimiento Penal, dispone claramente el derecho a recurrir que tiene toda resolución judicial siempre y cuando esté claramente definido por ley.
El derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante.
El Art. 396 establece reglas generales para la interposición de los recursos, con respecto al derecho de defensa en su inciso 2) dispone que para desistir de un recurso, el defensor deberá tener mandato expreso del imputado.
Se plasma también un principio fundamental en el art. 400, establece que la resolución que haya sido impugnada por el imputado o por su defensor no podrá ser modificada en su perjuicio.
Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la resolución aún a favor del imputado, salvo que el recurso se refiera exclusivamente a las costas.
Los recursos identificados en el Código de Procedimiento Penal son los siguientes;

    • Recurso de reposición, que procede solamente contra las providencias de mero trámite, a fin de que el mismo juez o tribunal, advertido de su error, las revoque o las modifique.
    • Recurso de apelación incidental que en su artículo 403 define claramente las resoluciones en las cuales puede interponerse el recurso de apelación incidental.
    • Recurso de apelación restringida, por inobservancia o errónea aplicación de la ley.
    • Recurso de casación, para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Distrito contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores de Justicia o por la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia.
    • Recurso de revisión de las sentencias condenatorias ejecutoriadas, en todo tiempo y a favor del condenado en los casos descritos en el Art. 421 del Código de Procedimiento Penal.


Extractado de “Guía de Actuaciones Para la Aplicación del Nuevo Código de Procedimiento Penal”. Alberto J. MORALES VARGAS. 1ª Edición; La Paz - 2004. Derechos Reservados GTZ – Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal


DERECHO A LA DEFENSA.-

La manifestación de este principio no sólo se extiende a la protección de la persona en procedimientos penales, sino que su interpretación debe hacerse de manera más general, esta es reconocida como requisito esencial para la válida constitución del proceso. El Prof. Argentino Julio B. Maier señala que este derecho no debe limitarse sólo a la protección del imputado, pues también debe alcanzar a otras personas que pueden intervenir en él, tales como el actor civil o el tercero.
Se trata de defender un derecho o interés legítimo frente a la expectativa de una decisión estatal sobre él, sea porque se pretende algo o por el contrario nos oponemos a esa pretensión, requiriendo que ella no prospere. Partiendo de esta perspectiva es que el Ministerio Público, desde la perspectiva de la defensa como Iimitación al Poder Estatal, no tiene derecho a la defensa, sino un conjunto de facultades o armas para cumplir su función persecutoria.
Centrando el análisis de este principio a materia penal, y concretamente al imputado, el derecho a la defensa se define:"EI derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le puede atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se les concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el derecho constitucional a la libertad del ciudadano".(5)
El tratadista Gareca advierte dos dimensiones del derecho de defensa:

  1. Como derecho subjetivo, como derecho fundamental que pertenece a todas las partes en el proceso, cuyas notas características son su irrenunciabilidad (la parte no puede decidir que no se Ie conceda la oportunidad de defenderse) y su inalienabilidad (no puede ser dispuesta por su titular, ni su ejercicio puede serle substraído ni traspasado a terceros),
  2. Como garantía del proceso. En cuanto a su segunda dimensión, de carácter objetivo institucional, la defensa constituye un verdadero requisito para la validez del proceso, siempre necesaria para la validez del juicio.

El derecho de defensa de toda persona nace, desde que es citada o detenida por la autoridad. Ello surge con la mera determinación del imputado: no hace falta que exista una decisión nominal o formal al respecto, basta que, de uno u otro modo, se Ie vincule con la comisión de un delito. Es a partir de la existencia de una imputación que nace el derecho de defensa, lo que importa reconocer que el sujeto pasivo de la imputación, tiene en cuanto a la posibilidad procesal el derecho de participar desde los primeros actos del proceso, es decir desde la etapa de la investigación, al derecho de ser oído por la autoridad cuantas veces lo desee y en cada una de las instancias en las que se desenvuelva.
Sobre el tema Binder señala que el ejercicio personal de defensa del imputado exige asumir que "la declaración del imputado es la oportunidad que se Ie otorga para
s SENDRA, Gimeno,"Derecho Procesal Penal", Edit. U Garza España, 2000.
presentar su versión de los hechos, ofrecer su descargo, proponer pruebas y establecer un contacto directo con las personas que tienen a su cargo la preparación de la acusación o, directamente, el juicio".
La materialización de este principio para el imputado se manifiesta en los siguientes aspectos:

  1. Que se le de el status de parte para poder contestar la pretensión punitiva, la cual debe preceder al acto de defensa y serle debidamente notificada; y
  2. Derecho a la "última palabra" en cuanto a derecho potestativo a que la sentencia se dicte luego de que se le de la oportunidad de expresar lo que tiene que decir al finalizar la actividad procesal.

En el marco de la Constitución este derecho se encuentra integrado en una serie de manifestaciones que respaldan la manifestación de esta garantía procesal:

  1. Derecho a designar a un abogado de su elección o, en su defecto, a uno de oficio;
  2. Derecho a comunicarse previamente con él para contestar la imputación o realizar algún acto procesal;
  3. Derecho a conocer en su integridad los cargos y pruebas existentes en su contra.

4) Que se designe un intérprete en caso de que no se comprenda el idioma.
 5) Contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa.
En cuanto al principio que permite el Derecho de Defensa, éste tiende a asegurar la plenitud de la defensa de todas las personas, en donde el abogado brinda su asistencia durante toda la etapa del juicio oral, sobre todo si se trata de la defensa del acusado, encontrando en ello sustento constitucional. No hay que olvidar que el derecho a la defensa es consustancial a la persona humana y nadie puede ser privado sin ella de la libertad, requiriéndose forzosamente en audiencia la concurrencia del defensor. Una de las expresiones de este principio es el libre e irrestricto patrocinio, sin más limitaciones que las señaladas por la Ley.
Estos principios constitucionales se encuentran consagrados en el Nuevo Código de procedimiento penal en los artículos 5 (Calidad y derechos del imputado); 8 (Defensa Material); 9 (Defensa Técnica); 10 (Intérprete); 84 (Derechos Del Imputado); 94  (Abogado Defensor); 95 (Desarrollo de la declaración); 97 (Oportunidad y autoridad competente); 101 al 110 Capítulos III y IV (Defensor del imputado y Defensa Estatal del imputado); 221 al 256 Medidas Cautelares.


Extractado de “Guía de Actuaciones Para la Aplicación del Nuevo Código de Procedimiento Penal”. Alberto J. MORALES VARGAS. 1ª Edición; La Paz - 2004. Derechos Reservados GTZ – Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal


PRINCIPIO DE IGUALDAD.-

La noción liberal de "igualdad ante la Ley, procede de la revolución francesa y remotamente del cristianismo, siendo irremplazable, invocándose aún en contra o especialmente, contra la desigualdad de las partes o la presencia de circunstancias distintas. La Corte Europea de Derechos Humanos, en los últimos años, ha replanteado este principio de modo tal que toda persona en situación similar tiene el derecho a ser tratada y considerada del mismo modo en cualquier tipo de relación que establezca con el Estado.

Durante el transcurso del juzgamiento, desde los actos preparatorios de la audiencia, hasta la sentencia, existen manifestaciones de este principio, así tenemos, cuando el representante del Ministerio Público formula acusación, ha de remitir a la Sala suficientes copias de éste, a fin de que sean entregados a los acusados, a la parte civil y al tercero civil si lo hubiera, con el objeto de que estos preparen adecuadamente su defensa y tengan conocimiento del o los cargos que pesan contra el acusado.

Materialización que dentro del Nuevo Código de Procedimiento Penal está regulada en el artículo 340 (Preparación del juicio):"... recibida la acusación y ofrecidas las pruebas de cargo por el fiscal, radicará la causa y notificará al querellante para que presente la acusación particular y ofrezca las pruebas de cargo dentro del término de 10 días. Vencido este plazo, se pondrá en conocimiento del imputado la acusación del fiscal y en su caso, la del querellante y las pruebas de cargo ofrecidas para que dentro de los diez días siguientes a su notificación ofrezca sus pruebas de descargo". Además de este artículo se mencionan los siguientes que hacen referencia a la igualdad de las partes. Arts. 5 (Calidad y derechos del imputado); 11 (Garantías de la víctima); 12 (Igualdad); 23 (Suspensión condicional del proceso); 72 (objetividad);76 al 82 Víctima y querellante; 83 al 91 Imputado y de manera general la etapa preparatoria, el juicio y la interposición de los recursos previstos en el Nuevo Código de Procedimiento Penal.

El nuevo Código de Procedimiento Penal se constituye en un instrumento materializador de la Constitución Política del Estado boliviano, en lo que se refiere al respeto y protección de los derechos fundamentales del ser humano, principalmente a la libertad y dignidad de la persona, que concretizando al caso penal es lo primero que se vulnera y no sólo a los derechos del imputado, sino también para la víctima, sujeto que con el Procedimiento Penal del 73 es un objeto carente de todo derecho y sobre cargado de varias obligaciones.

La interpretación y aplicación de las garantías no sólo son para el imputado sino también para la víctima, equilibrando la situación de las partes dentro del proceso, garantizando un estado de derecho al brindar seguridad jurídica a todos los ciudadanos.

Solo una persona que ha vivido el tormentoso calvario de un proceso penal con el Código de Procedimiento Penal de 1973 (sea como imputado o víctima) sabe cuan beneficioso es este cambio y esta transformación no implica un sacrificio desde la perspectiva de los intereses públicos que exigen una persecución penal eficiente , sino significa también que la víctima no esté indefinidamente sometida a un proceso buscando una respuesta a su conflicto jurídico penal y que el imputado tenga una resolución pronta y oportuna respecto de la atribución de hechos de la que es destinatario.


Extractado de “Guía de Actuaciones Para la Aplicación del Nuevo Código de Procedimiento Penal”. Alberto J. MORALES VARGAS. 1ª Edición; La Paz - 2004. Derechos Reservados GTZ – Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal